El proyecto de ley establece la creación del “Registro Federal de Incumplidores de Obligaciones Alimentarias (REFIOA) en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, con alcance en todo el territorio de la Nación. El Registro tiene carácter federal e interoperable con organismos nacionales y provinciales”. Ello a los fines de “garantizar la efectividad del crédito alimentario reconocido judicialmente”.

Según consigna el texto presentado, “la inscripción vigente en el REFIOA produce la inhabilitación personal para ingresar y permanecer en: 1. Casinos; 2. Salas de bingo; 3. Agencias de apuestas; 4. Plataformas de juego en línea autorizadas por autoridad estatal”. A su vez, la misma “procede cuando el juez competente, mediante resolución fundada, así lo disponga en caso de incumplimiento relevante de la obligación alimentaria”.

A este respecto, Michel señaló: “Si bien varias provincias han creado registros locales de deudores alimentarios, la amplitud territorial genera desigualdades significativas que permiten que una persona inscripta en una jurisdicción pueda eludir efectos trasladándose a otra. La creación de un Registro Federal permite superar esa limitación, dotando de eficacia nacional a las decisiones judiciales y fortaleciendo la coordinación interjurisdiccional”.

Marclay, por su parte, expresó que “la ley tiene dos objetivos: dotar de eficacia real a los derechos ya consagrados (la cuota alimentaria) y la urgencia de dar respuesta concreta a una realidad social que afecta a una gran cantidad de hogares en todo el país”.

La cuota alimentaria es un bien jurídico de máxima jerarquía constitucional. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce la protección integral de la familia y el artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 27 impone al Estado la obligación de asegurar el pago de la pensión alimenticia.

Según el informe de UNICEF Argentina de 2024, más del 56% de las madres que no conviven con el padre de sus hijos no reciben la cuota alimentaria, proporción que asciende al 68% cuando se incluye a quienes no la reciben de manera regular. Estas cifras no describen situaciones excepcionales: expresan una pauta sostenida de incumplimiento que recae de manera desproporcionada sobre las mujeres y sobre los niños, niñas y adolescentes más vulnerables.