La causa se inició el domingo 10 de diciembre de 2023, con un allanamiento en una vivienda en Luis N. Palma, entre Soldado Mosto y Misiones, como corolario de una investigación que se inició en julio de 2022 por denuncias de dos adolescentes de 16 años que afirmaron haber sido víctimas de un hombre que las filmaba, fotografiaba y tocaba a cambio de droga.

Este hombre, que no tendría actividad laboral registrada y afirmó en su declaración que vive de las regalías de un campo, fue imputado por los delitos de promoción a la corrupción y prostitución de menores de edad. Se trata de una acusación grave, que prevé una pena de prisión efectiva de entre 10 y 15 años.

En ambas denuncias, la primera en 2022 y la segunda poco antes del allanamiento en 2023, coincidieron en que este sujeto les daba droga a cambio de que dejaran sacarse fotos, filmarse y dejarse tocar; y que el lugar que ambas describieron era el mismo: el domicilio de calle Luis N. Palma.

Según consta en la causa, este hombre las contactaba a través de las redes sociales y concertaban hacer “una previa” en su casa durante el fin de semana. Pero lo sucedido llegó a oídos de un familiar de una de las menores y a partir de allí se realizó la primera denuncia.

Se trataba de “fiestas” en las que se acordaba primero por mensaje de Instagram, Whatsapp o Telegram. Algunas de las menores habían decidido no ir más a estas fiestas “para no quemarse”, ya que las fotos luego se subían a las redes sociales. En algunas ocasiones los vecinos habían dado aviso a la Policía por la música alta o por algún conflicto en la vereda del domicilio. Actualmente se encuentra cumpliendo un arresto domiciliario.

La burocracia judicial

La Investigación Penal Preparatoria culminó a mediados de 2024. La fiscal Martina Cedrés había hecho todo lo necesario para acelerar el proceso y en poco tiempo más, que se pudiera realizar el juicio, pero el abogado defensor requirió medidas y pericias con el fin de dilatar el proceso. Quien era juez de Garantías en ese momento, Tobías Podestá, lo consideró fuera de tiempo, pero la Cámara de Gualeguay lo entendió como una amplitud al derecho de defensa y lo concedió.

Se trataba de un estudio de resonancia magnética, pagado por el acusado, que buscaba determinar la capacidad de comprensión del imputado y las secuelas que podría tener a consecuencia de los años de consumo de drogas. Resumidamente, el defensor pretendía obtener un resultado que lo beneficiara como atenuante al momento del debate, pero los resultados que se habrían obtenido serían totalmente diferentes a los esperados por la defensa.

Finalmente, la causa se elevó a juicio a mediados de 2024 y luego de apelaciones defensivas, que tenían como finalidad seguir dilatando los tiempos mientras el cliente se mantenía con arresto domiciliario, en abril de este año quedó radicada la Cámara Penal de Gualeguaychú.

Pero a partir de ahí se inició un nuevo periplo. Podestá, actualmente integrante del Tribunal de Juicios, había participado como juez de Garantías por lo cual no podía intervenir en el debate. Lo mismo ocurrió con Mauricio Derudi, que dispuso medidas de coerción mientras la causa estaba en la órbita de la Cámara Penal. Por lo cual, el único magistrado que no había intervenido era Arturo Dumón, pero cuando le comunicaron que era el designado para el debate, se excusó.

Este magistrado explicó que mantenía lazos de amistad con el hermano del imputado y que conjuntamente trabajaban en presentarle al Ejecutivo Municipal un proyecto para la creación de un centro de tratamiento de adicciones en Gualeguaychú, por lo cual todo ello lo imposibilitaba a juzgar al acusado.

La Oficina de Gestión de Audiencias sorteó un nuevo juez y la suerte recayó en Fernando José Martínez Uncal, integrante del Tribunal de Juicios de Concepción del Uruguay, que una vez enterado exclamó a las autoridades judiciales que lo expuesto por Dumón no era motivo de excusación.

Esta situación debió ser dirimida por la Cámara de Casación de Concordia, que finalmente le ordenó a Martínez Uncal que debía hacerse cargo del juicio en Gualeguaychú. Este magistrado solicitó que le remitieran el acta de remisión a juicio y cuando lo analiza le encuentra errores, por lo cual ordenó la nulidad de la elevación a juicio. Es decir, volver todo a un año atrás.

Ante esto, el coordinador del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, elevó un comunicado a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para que “arbitre las medidas necesarias para evitar estas trabas jurisdiccionales producto de malentendidos entre magistrados actuantes y las correspondientes dilaciones prolongadas e innecesarias que conspiran contra una buena administración de justicia”. La causa está en ese limbo: se tiene que decidir si finalmente se le ordena a Martínez Uncal que se haga cargo del juicio y se subsanen de forma rápida los errores que pudiera tener la elevación a juicio; o se vuelve todo a la etapa intermedia y se dilata un año más un juicio que ya se debería haber realizado.