Durante una década, un trabajador rural fue mantenido en situación de servidumbre por el dueño de un establecimiento agrícola en el sur entrerriano. El caso se conoció tras una denuncia de vecinos que alertaron a las autoridades sobre las condiciones en que el hombre vivía y trabajaba: sin salario, sin acceso a servicios básicos y sometido a extensas jornadas.

El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del juez Federico Ángel Martín, con intervención del secretario Nicolás Eduardo Beltzer. La División Trata de Personas de la Policía Federal encabezó los allanamientos simultáneos realizados en Victoria y Gualeguay. Allí se logró rescatar a la víctima, detener al presunto responsable y secuestrar elementos de prueba.

Según reconstruyeron los investigadores, el hombre habitaba una vivienda precaria, sin agua ni electricidad, en un paraje rural alejado del poblado más cercano. A cambio de comida y techo, realizaba tareas agrícolas y de cuidado de animales, sin descanso ni remuneración, alimentándose con lo que producía y con agua de un estanque.

Tras ser rescatado, fue asistido por la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata y por el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos.

El hombre se encuentra bajo resguardo y con atención médica, mientras que el detenido fue trasladado a sede judicial. La causa avanza con la calificación de explotación laboral y reducción a la servidumbre, delitos previstos en la Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas.

El caso reaviva la preocupación por la persistencia de formas modernas de esclavitud en zonas rurales del país. Organismos provinciales y nacionales insisten en fortalecer los mecanismos de control y las redes comunitarias que permiten detectar situaciones de explotación antes de que se prolonguen durante años.