La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con la renuncia de Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía y hija de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales imputados en el expediente. La dimisión fue confirmada por la cartera económica, que evitó darle trascendencia política y aclaró que la salida fue “una decisión personal”.

Calvete se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio desde septiembre de 2024. Su nombre quedó involucrado en la investigación que encabeza el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, luego de que un allanamiento realizado el 9 de octubre en su vivienda arrojara el hallazgo de alrededor de USD 700 mil y otras divisas.

La pesquisa, que indaga un presunto esquema de coimas y pagos indebidos en la compra de medicamentos a cargo de la ANDIS, también involucra a funcionarios del Gobierno nacional, empresarios y al propio expresidente del organismo, Diego Spagnuolo, apartado del cargo en agosto tras la difusión de audios que ahora su defensa cuestiona.

El rol de Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como uno de los jefes “paraestatales” de la agencia, es central en el expediente. El empresario —actualmente detenido por una condena previa de 2019 por explotación sexual en Buenos Aires— se negó a declarar esta semana en los tribunales de Comodoro Py, aunque podrá hacerlo más adelante.

Según documentación incorporada a la causa, los investigadores detectaron chats entre Calvete y su hija que revelan gestiones vinculadas a proveedores, comentarios sobre pagos irregulares y referencias al dinero encontrado en su domicilio. Entre los mensajes consta un diálogo en el que Ornella alienta una reunión con un proveedor y promete un regalo si la operación resulta exitosa; en otro intercambio, ambos comentan la presencia de policías en el edificio y especulan sobre cómo justificar la tenencia de fondos en efectivo.

La fiscalía sostiene que la trama expone “un aceitado esquema de corrupción” que habría favorecido a particulares mediante pagos en efectivo, negociaciones incompatibles y maniobras de defraudación al Estado, afectando programas destinados a personas con discapacidad.

En los próximos días continuarán las declaraciones indagatorias en Comodoro Py, con citaciones clave que podrían profundizar las responsabilidades en un expediente que ya genera impacto político en el Gobierno y abre interrogantes sobre el funcionamiento de los organismos encargados de administrar fondos para sectores vulnerables.