El Gobierno presentó el año pasado un proyecto de ley de reforma laboral después de haber resignado 42 de los 58 artículos que contenía su propuesta original incluida en la Ley Bases.

La iniciativa, cuyo título es “ley de promoción de inversiones y empleo”, no contempla cambios en lo relativo a la recaudación y a la democracia de los sindicatos, ejes de otros proyectos de ley impulsados por los aliados de Pro y la UCR que no prosperaron por una fugaz tregua que sellaron el Gobierno y la CGT durante el año pasado.

Los principales puntos del proyecto

La propuesta de la diputada Romina Diez, apunta a dar incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas para contratar empleados. Una suerte de RIGI para inversores más modestos. En lo estrictamente laboral, permite fragmentar el período de vacaciones, la instrumentación de sistemas de banco de horas y otros esquemas flexibles a través de convenios colectivos, y la definición de derechos y plazos en casos de enfermedad o accidente.

Entre algunos de sus puntos más polémicos, figuran la ampliación de 8 a 12 horas de la jornada laboral; la posibilidad de pagar una parte del salario en “ticket canasta o restaurant”, algo ya objetado en fallos de la Corte, y la posibilidad de que los empresarios paguen en hasta 12 cuotas indemnizaciones o multas provenientes de litigios en la justicia.

Convenios, paritarias y la reacción sindical

El Gobierno manifestó su deseo de avanzar sobre los convenios colectivos para revisar la obligatoriedad de los aportes y el concepto de ultraactividad. La ultraactividad implica que todos los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual. También generó ruido la intención de modificar la negociación salarial. Aspira a que se discutan paritarias por productividad y por empresa, como sucedió en los 90.

El secretario de Trabajo habló de negociaciones “dinámicas”, un atajo retórico al que ya había apelado Domingo Cavallo cuando el gobierno de Carlos Menem limitó por decreto [1334/1992] los aumentos y los ató a la productividad. Cordero, que responde directamente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, admitió sus intenciones durante el coloquio empresario de IDEA y luego lo ratificó al exponer la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Cordero, que se desempeñó durante 35 años como abogado del Grupo Techint, es uno de los cerebros detrás de la reforma laboral. Participó en la elaboración del capítulo IV del DNU 70/23 desde las sombras, mucho antes de haber sido parte del Gobierno, cuando todavía seguía trabajando en el sector privado.

La intención de Milei es tomar el proyecto de ley de Diez como base y añadir las sugerencias que surjan del Consejo de Mayo, donde hay un representante de los gremios (Gerardo Martínez) y otro del empresariado (Martín Rappallini). La estrategia oficial fue confirmada por Cordero. (La Nación)