El Gobierno nacional acelera el trabajo sobre el anteproyecto de Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que redefine de manera profunda el sistema escolar argentino y desplaza al Estado hacia un rol subsidiario. El borrador —discutido en el Consejo de Mayo y compuesto por 136 artículos— propone derogar la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006, y abrir paso a un modelo basado en la autonomía de las familias y las instituciones.

El texto coloca a las familias como “agente natural y primario” de la educación y limita la intervención estatal a situaciones en que los actores del sistema no puedan garantizar el derecho educativo. La propuesta también elimina la meta de inversión del 6 por ciento del PBI y establece un esquema de financiamiento equivalente para escuelas públicas y privadas.

Uno de los puntos centrales es la habilitación de la educación en el hogar y de modalidades híbridas o a distancia sin edad mínima, con acreditación mediante exámenes. Además, permite que las provincias ofrezcan enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de manera optativa y fuera del horario formal.

El proyecto contempla mínimos horarios más bajos que los consensuados en el Consejo Federal de Educación: 540 horas anuales para inicial y 720 para primaria y secundaria. Solo el 75 por ciento de ese tiempo deberá dedicarse a contenidos comunes; el resto quedará sujeto a la autonomía curricular de cada institución.

La reconfiguración alcanzaría también a la gestión de las escuelas estatales. La norma prevé una transición hacia un esquema autónomo en el que cada institución pueda definir su régimen interno, administrar recursos, proponer contrataciones o suspensiones de personal y fijar criterios de admisión. En ese marco, se crea un consejo escolar de padres con participación obligatoria en la vida institucional.

En materia de evaluación, las pruebas nacionales se volverán anuales y censales, y el Gobierno quedaría habilitado a publicar resultados por escuela, algo actualmente prohibido para evitar estigmatizaciones. El sistema medirá aprendizajes, desempeño docente y gestión directiva.

El nuevo modelo de financiamiento suma becas, vales educativos y créditos fiscales para familias, además de subsidios para instituciones públicas y privadas. También incorpora evaluaciones independientes del gasto educativo.

Para el cuerpo docente, la reforma define una carrera de cuatro años, pero condiciona la estabilidad al desempeño, la formación continua y evaluaciones obligatorias cada cuatro años. Además, crea un Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente que reemplazaría al INFoD.