La Justicia Comercial decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa que producía yogures, flanes y postres de la marca SanCor bajo etiquetas como Shimy, Sublime, Sancorito y Vida. La decisión judicial implica el cierre definitivo de las plantas y deja sin trabajo a más de 400 empleados entre Buenos Aires y Córdoba.

El fallo, firmado por el juez Federico Güerri del Juzgado Comercial N°29, dispone la liquidación final de la firma, que atravesaba una crisis desde hacía años. ARSA había sido transferida por SanCor al grupo Vicentin en 2016 por 100 millones de dólares, y luego pasó a manos de los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, responsables también de La Suipachense.

La planta de Arenaza, en el partido bonaerense de Lincoln, empleaba a 180 trabajadores, mientras que en Córdoba se desempeñaban unos 200. Además, la compañía contaba con una red logística de 165 distribuidores que abastecían semanalmente a más de 70.000 comercios en todo el país.

La quiebra se produjo tras el fracaso del concurso de acreedores iniciado en abril de 2024. Aunque se mencionaron posibles interesados —como el fondo Inverlat, propietario de Havanna, o el grupo Werthein—, no hubo propuestas concretas de salvataje. Según el fallo, la empresa no logró demostrar viabilidad ni cumplir con los requisitos legales para sostener su actividad.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) denunciaron que los empleados sufrieron sueldos impagos, atrasos y falta de aportes durante más de tres años. “En los últimos meses apenas se abonaba un cuarto del salario, en efectivo, mientras se prometía una reactivación que nunca llegó”, señalaron fuentes gremiales.

En la industria, en tanto, atribuyen el colapso no solo a las dificultades económicas sino a una gestión deficiente y a presuntas irregularidades en la administración. “Se trata de una quiebra fraudulenta”, sostienen referentes del sector, que reclaman una investigación sobre los manejos empresariales y la situación patrimonial de ARSA.

Con esta resolución judicial, se cierra otro capítulo en la prolongada crisis del entramado industrial vinculado a SanCor, que en los últimos años perdió buena parte de su estructura productiva y su capacidad de generar empleo.