Según indica este protocolo al que tuvo acceso EL ARGENTINO, se busca “garantizar una respuesta rápida, coordinada y responsable, priorizando la seguridad sin interrumpir innecesariamente la escolaridad”.

Ante una cuestión de esta naturaleza, la seguridad es lo primero y la prioridad es la integridad física y emocional. Y es importante “no suspender clases salvo indicación policial”, como ocurrió en este caso que las clases fueron suspendidas por orden de la Fiscalía y de la secretaria del Juzgado de Familia y Menores, María Lucía Roko.

Además, se requiere una comunicación clara: “evitar alarmas y desinformación”, y una articulación institucional con la Policía, Supervisión y CGE. También se recomienda el enfoque pedagógico y abordar la situación con los estudiantes; y la contención a toda la comunidad educativa.

Pero si hay algo que se refuerza dentro del protocolo es que las clases no deben ser suspendidas porque “refuerza conductas imitativas y genera mayor alarma”. Y si hay indicios concretos ante un riesgo real, la recomendación es no confrontar ni intervenir físicamente, evacuar y no reingresar hasta autorización policial.