Un proyecto ingresado este lunes en la Cámara de Diputados de Entre Ríos busca establecer un marco legal integral para prevenir, detectar y abordar el acoso escolar y el ciberacoso, con un fuerte eje en la corresponsabilidad familiar. La iniciativa, presentada por la diputada de Juntos por Entre Ríos, Gabriela Lena, apunta a que madres, padres o tutores se involucren activamente en los procesos institucionales cuando sus hijos o hijas sean identificados como agresores.

El texto propone la creación de un Protocolo Único de Actuación, de cumplimiento obligatorio en todas las escuelas de la provincia, para garantizar intervenciones homogéneas, resguardo de las víctimas y participación sistemática de las familias. Además, plantea un régimen de medidas y sanciones para aquellos casos en los que los adultos responsables no colaboren de manera reiterada o injustificada con las acciones definidas por las instituciones educativas y la autoridad de aplicación.

El esquema sancionatorio propuesto se estructura de manera gradual, priorizando medidas educativas y restaurativas. Incluye apercibimientos formales, talleres obligatorios de parentalidad y convivencia, y actividades comunitarias. La multa económica, prevista como último recurso, podrá ascender hasta dos millones cien mil pesos, siguiendo el criterio adoptado por la provincia de Mendoza, antecedente en el que se inspira parte del proyecto.

Lena fundamentó la iniciativa en la necesidad de actualizar y fortalecer las herramientas de abordaje. Sostuvo que, pese a los avances provinciales en materia de bullying, persisten vacíos vinculados al rol de las familias, la dimensión digital y los mecanismos de intervención integral. Destacó que garantizar ambientes educativos libres de violencia es una urgencia para proteger derechos y trayectorias de niños, niñas y adolescentes.

El proyecto también contempla medidas alternativas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, como la sustitución total o parcial de multas por trabajo comunitario o la participación en programas de formación obligatoria, con el fin de evitar que la herramienta sancionatoria profundice desigualdades.

La iniciativa establece asimismo el debido proceso administrativo: notificación formal, instancia de descargo y posibilidad de recurrir las resoluciones. En caso de aprobación, el nuevo marco normativo obligaría a todas las instituciones educativas de Entre Ríos a implementar protocolos estandarizados y garantizar la intervención coordinada del Estado, la comunidad escolar y las familias para enfrentar el acoso escolar y el ciberacoso.