Ingresó a la Legislatura Provincial un proyecto de Ley que plantea un cambio en la forma de comunicar la deuda pública de Entre Ríos. La iniciativa, denominada “Informe Ciudadano de Deuda Pública”, busca que cualquier vecino pueda comprender cuánto debe la Provincia y en qué se utilizan esos recursos.

La propuesta lleva la firma de la diputada Andrea Zoff (PJ) y cuenta con el respaldo de los legisladores Laura Stratta, Lorena Arrozogaray, Mariel Ávila, Silvina Deccó, Silvia Moreno y Yari Seyler. El texto establece que la información deberá presentarse de manera didáctica, con lenguaje coloquial y evitando tecnicismos innecesarios, garantizando acceso claro y permanente a los datos.

Uno de los puntos más innovadores es la creación de un “Indicador Ciudadano de Sostenibilidad”, que se mostrará mediante un sistema visual tipo “semáforo”. Este recurso permitirá identificar de manera sencilla distintos niveles de sostenibilidad del endeudamiento público. Además, la Contaduría General deberá calcular e informar la “deuda pública por habitante”, para que cada ciudadano pueda visualizar el impacto del stock de deuda en relación con la población y su evolución histórica.

El proyecto también exige la creación de un “Tablero ciudadano de inversiones”, un mapa interactivo que muestre qué obras o programas se financian con crédito y el estado de ejecución de cada uno. De esta manera, se busca transparentar no solo los números, sino también el destino de los fondos.

Otro aspecto relevante es la obligación de realizar una “reconstrucción histórica de la deuda pública”, que deberá remontarse al menos hasta 1991. Esta base de datos se actualizará trimestralmente y estará disponible en un portal digital de acceso libre.

En los fundamentos, Zoff argumenta que la información contable existente suele ser compleja y especializada, lo que dificulta el control ciudadano. “La disponibilidad de información clara y accesible contribuye a fortalecer tanto el control institucional como el control ciudadano sobre las decisiones financieras del Estado”, sostiene la autora, quien enfatiza que la transparencia debe dejar de ser una opción de gestión para convertirse en un derecho ciudadano inalienable.