Organizaciones ambientalistas presentaron un amparo colectivo ante la Justicia para frenar la reforma de la Ley de Glaciares aprobada en el Senado, al considerar que vulnera derechos constitucionales y debilita la protección de reservas estratégicas de agua en el país.

La acción fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace Argentina, y recayó en el Juzgado Federal de La Pampa. En ese marco, solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación de la norma en todo el territorio nacional.

Según advirtieron, la reforma habilita a las provincias a redefinir áreas de valor hídrico y modificar el inventario de glaciares sin respaldo técnico, lo que podría abrir la puerta a actividades extractivas en zonas antes protegidas.

Además, sostuvieron que la iniciativa contradice el principio de no regresión ambiental y compromisos internacionales asumidos por Argentina, y recordaron que la Ley 26.639, vigente desde 2010, establece un piso mínimo de protección.

El planteo también cuestiona la escasa participación ciudadana en el proceso legislativo y alerta sobre posibles impactos en la seguridad hídrica de varias provincias.