El encuentro, encabezado por la legisladora Laura Stratta, se realizó tras las denuncias de que, luego del fallo judicial que frenó en julio la aplicación del Decreto 461/25 —con el que el gobierno de Javier Milei pretendía eliminar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)—, comenzaron a registrarse sanciones y hostigamientos hacia quienes habían promovido la acción judicial.

El secretario general del distrito, Raúl Meza, trabajador de planta sin licencia gremial, fue sumariado y lleva meses sin percibir su salario. Según explicó, “se trata de un castigo por defender la vigencia de un organismo clave para el mantenimiento de las rutas nacionales”. Casos similares se repiten en otras provincias, donde también se abrieron expedientes contra dirigentes del sector.

Los diputados del PJ advirtieron que, mientras se profundizan las sanciones, la situación del distrito se deteriora: hay desfinanciamiento, deudas con proveedores, congelamiento salarial y paralización de obras. En Entre Ríos, la DNV administra unos 2.000 kilómetros de rutas nacionales —entre ellas las 12, 14, 18, 127, 130, 131, 135, 136, 174 y A015—, cuya falta de mantenimiento compromete la seguridad vial y el desarrollo económico regional.

El distrito entrerriano cuenta con 165 trabajadores, la mayoría contratados, algunos con más de 15 años de antigüedad. Durante la reunión, Meza, Sebastián Lallana y el abogado Walter López expusieron la “irregularidad” del proceso y agradecieron el acompañamiento de los legisladores provinciales, destacando que visibilizar la situación “es una forma de defender a quienes sostienen día a día el sistema vial del país”.