En un fallo considerado inédito, la titular del Juzgado de Familia N°4 de Paraná, María Victoria Andrián, resolvió fijar el 100% del Índice de Crianza como monto base de la cuota alimentaria para una niña de 10 años. La sentencia sienta un precedente clave en Entre Ríos, al reemplazar el tradicional cálculo basado en el salario mínimo, vital y móvil, y al incorporar perspectiva de género en toda su fundamentación.

La decisión judicial responde a una demanda iniciada por Diana Deharbe, doctora en Comunicación, docente y activista de Monomarentales Argentina, quien desde hace ocho años cría sola a su hija tras separarse de una relación atravesada por violencia de género. La magistrada consideró que el caso debía analizarse con una mirada integral del derecho de familia, atendiendo a la vulnerabilidad social y a los antecedentes de violencia contra la madre.

“El derecho alimentario no puede verse de manera aislada ni meramente patrimonial”, sostuvo Andrián, quien además dispuso que, en caso de incumplimiento del progenitor, los abuelos paternos sean responsables subsidiarios del pago, en función de un principio de solidaridad familiar intergeneracional.

El Índice de Crianza, creado por el Ministerio de Economía en 2023, mide el costo mínimo mensual de crianza de niñas y niños, incluyendo bienes, servicios y horas de cuidado, para evitar que las madres deban probar los gastos con comprobantes. Hasta ahora, la mayoría de las sentencias del país tomaban como referencia el salario mínimo, que no reflejaba los costos reales de crianza ni las desigualdades del trabajo doméstico no remunerado.

En diálogo con Monomarentales Argentina, Deharbe valoró el fallo como “una pizca de justicia” luego de siete años de reclamos. “Conseguí el 100% del valor de la canasta de crianza, algo inédito en Entre Ríos. Pasamos de un piso de 322.000 a 548.636 pesos mensuales, pero el problema sigue: los padres deudores no pagan y el Estado no garantiza el cumplimiento”, expresó.

La docente remarcó las dificultades que enfrentan las madres para sostener solas la crianza y llevar adelante procesos judiciales costosos. “Es un contrasentido que una mujer que pide alimentos tenga que endeudarse para notificar al deudor”, señaló.

El fallo de Andrián, fechado el 19 de septiembre, no solo inaugura una nueva forma de calcular la cuota alimentaria en Entre Ríos, sino que también interpela al Poder Judicial y a los Estados provinciales sobre la necesidad de aplicar herramientas con enfoque de derechos, equidad económica y perspectiva de género en los procesos de familia