El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos volvió a ser noticia, esta vez por una designación que despertó cuestionamientos internos. A menos de un mes de haber asumido como presidente, Octavio Filipuzzi —hermano del rector de la UADER, Luciano Filipuzzi, y del decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Juan Pablo Filipuzzi— sumó a la institución a otro integrante de su familia: su sobrino, Francisco Filipuzzi, como asesor legal.

La elección de Octavio Filipuzzi había sido celebrada por sectores opositores a la gestión anterior, luego de imponerse en los comicios del 27 de septiembre con 570 votos frente a los 505 obtenidos por la lista oficialista encabezada por Victoria Delaude. Su victoria fue interpretada como un cambio de rumbo tras lo que definió como “cuatro años de gestiones lamentables y sin respuestas para los matriculados”.

Sin embargo, la noticia de la incorporación de Francisco Filipuzzi —hijo del rector de la UADER y actual secretario general de esa universidad— reavivó el debate sobre la concentración de poder y los posibles vínculos familiares en la conducción de organismos profesionales y académicos. La designación fue comunicada oficialmente por el Colegio, lo que provocó malestar entre algunos matriculados que reclamaron mayor transparencia y equilibrio en las decisiones institucionales.

El caso adquiere además un contexto sensible. Mientras el Colegio intenta consolidar su nueva gestión, la Universidad Autónoma de Entre Ríos y el Ministerio Público Fiscal mantienen abiertas investigaciones sobre la conducta del psicólogo Javier Pérez, conocido en redes como “Doctor Chinaski”, y sobre otras denuncias que surgieron en el ámbito de la psicología entrerriana.

En este escenario, muchos profesionales esperan que la entidad que los nuclea fije una posición clara y mantenga independencia respecto de la UADER, donde varios de sus dirigentes tienen funciones académicas. La repetición del apellido Filipuzzi en espacios de poder volvió a encender un debate que mezcla política universitaria, representación profesional y ética institucional.

Mientras tanto, el Colegio enfrenta el desafío de recuperar la confianza de sus afiliados y garantizar una gestión que priorice los intereses del colectivo profesional por sobre los vínculos personales.