La decisión del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, de saldar una deuda de alumbrado público con Enersa a través de la entrega de un inmueble municipal encendió fuertes cuestionamientos. El proyecto, avalado por el Concejo Deliberante el 12 de septiembre, prevé cubrir una obligación superior a $1.200 millones con terrenos de la comuna.

El Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público Fiscal analizan la legalidad de la operación, que podría sentar un precedente para otros municipios endeudados. Las dudas se intensifican por los antecedentes de la gestión Rossi, marcada por observaciones de compras irregulares, falta de rendición de cuentas, subsidios discrecionales y contrataciones sin control.

El caso se suma a la condena firme que pesa sobre el intendente desde 2006 por enriquecimiento ilícito y a un juicio en suspenso por presuntos sobreprecios en obras públicas. Además, Rossi y su esposa, la senadora Patricia Díaz, enfrentan otra investigación por enriquecimiento ilícito.

La cesión del inmueble a Enersa ya forma parte de los expedientes judiciales que acumula el jefe comunal, quien nuevamente quedó en el centro de la polémica por el manejo de los recursos municipales.