En más de un centenar de carillas, el Tribunal Oral Federal 4 señaló que "ninguna prueba incriminatoria aportó la parte acusadora para establecer algún interés por parte de Cavallo para beneficiar a los bancos".

En el alegato, la fiscal Fabiana León había solicitado la pena de 3 años para el ex ministro por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, a raíz de la selección de bancos que hizo para intervenir en el proceso de cambio de bonos.

"De ninguna forma la Fiscal pudo acreditar que hubiera existido por parte de Cavallo interés en beneficiar a algún banco o grupo de bancos en particular, para darle exclusividad como organizador del canje, ni se determinó manipulación alguna en la elección irregular del mismo, y menos aún para cobrar las comisiones que la prestación de ese servicio significaba", señalaron los jueces.

También criticaron que la fiscal "se encontró frente a problemas serios para acreditar la plataforma fáctica que había planteado el Ministerio Público Fiscal que intervino durante la instrucción" e "intentó adecuarla a la prueba efectivamente producida e incorporada al debate, para finalmente basar su imputación por hechos que de ninguna forma se encuentran probados con la certeza necesaria que le es requerida en esta etapa final".

"La cuestión debatida, posibles negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resulta ser un hecho particularmente grave que afecta las instituciones democráticas y formando parte de aquellos delitos de corrupción, que sin dudas requieren un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenirlos y combatirlos eficazmente, y a su vez reconociéndosele al imputado los derechos fundamentales del debido proceso en el juicio penal", explicó el Tribunal.

Los jueces dijeron que no se pudo refutar las explicaciones que Cavallo dio en las indagatorias que prestó, y en los cuales negó irregularidades y defendió el Megacanje, y tuvo en cuenta los dichos de testigos, entre ellos el testimonio del ex presidente de la Nación Fernando de la Rúa, quien fue "aún más descriptivo respecto de la situación política, económica y social de aquellos días".

Ahora, la fiscal León está en plazo para resolver si apela o no la absolución ante la Cámara Federal de Casación Penal.