Cinco ONG entrerrianas renovaron un pedido formal de acceso a la información pública para que el Gobierno provincial brinde detalles sobre los cotos de caza y el turismo cinegético habilitado en Entre Ríos. La nota, fechada el 24 de septiembre y dirigida al ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, cuestiona la falta de transparencia en una actividad que, según sostienen, afecta a la fauna autóctona y fomenta la llegada de cazadores extranjeros.

Las entidades firmantes —CEYDAS, Ayuda Animal, Conciencia Animal, Ecoguay Gualeguay y Luz del Ibirá— citaron la Ley Nacional 25.831 y el Acuerdo de Escazú para fundamentar su reclamo. El pedido incluye estudios poblacionales de especies como patos, perdices y coipos, el listado de empresas inscriptas, la ubicación de los cotos, los permisos otorgados a cazadores del exterior y el personal asignado a la fiscalización.

Las organizaciones recordaron que en 2024 ya habían presentado una solicitud similar ante la Dirección de Fiscalización y Recursos Naturales, sin obtener respuesta. Ante la reiteración del silencio oficial, advirtieron que se reservan el derecho de iniciar acciones judiciales por ocultamiento de información.

El reclamo vuelve a poner en debate la autorización de la caza deportiva en la provincia, habilitada por la gestión de Rogelio Frigerio, en un contexto de creciente cuestionamiento al “turismo de caza” que se ofrece a visitantes extranjeros. Para los ambientalistas, la falta de datos oficiales agrava la sospecha sobre un sistema que consideran contrario a la protección de la biodiversidad entrerriana.

La nota se suma a otras expresiones críticas en la región sobre el uso de recursos naturales y la necesidad de reforzar la transparencia en la gestión ambiental. En este caso, las ONG apuntan a que el Gobierno brinde información clave para evaluar si la actividad cumple con estándares de sustentabilidad y control.

El pedido podría convertirse en un nuevo frente judicial para la administración provincial si no se atiende la demanda antes de fin de año. Mientras tanto, el reclamo se expande en redes sociales y suma adhesiones de referentes locales que exigen mayor control estatal sobre los cotos y un debate público sobre el modelo de turismo que promueve Entre Ríos.