El proceso judicial contra el exsenador nacional Edgardo Kueider comenzó este martes en Asunción, Paraguay, luego de varias postergaciones. El Tribunal Especializado en delitos económicos, presidido por la jueza Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete Piris, abrió la primera audiencia poco después de las 8 de la mañana en la sala 10 de la Torre Norte de la Justicia.

La jornada se inició con la lectura de la acusación que pesa sobre Kueider y su pareja, Iara Guinsel. Ambos escucharon con atención, pero decidieron abstenerse de declarar en esta instancia, aunque adelantaron que podrían hacerlo más adelante. El fiscal Ysrael Villalba, encargado de la acusación, repasó los principales puntos del expediente y anticipó que evalúa agravar los cargos apelando a otras modalidades de contrabando previstas en la legislación paraguaya.

Un proceso con expectativa política y social

La defensa, a cargo de los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, rechazó los planteos iniciales y se reservó argumentos para las próximas audiencias. El Tribunal fijó la continuidad del juicio para el martes 16 de junio a las 10:30 horas, cuando se retomará la recepción de pruebas y se abrirá la posibilidad de nuevas declaraciones.

La imputación se fundamenta en lo ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz do Iguazú. Según el acta del fiscal Edgar Benítez Delgado, a las 01:30 horas personal naval y funcionarios aduaneros, con apoyo del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, incautaron un vehículo y valores en divisas americanas, guaraníes y pesos argentinos en poder de Kueider y Guinsel.

El documento oficial precisó que ambos portaban USD 211.102, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos, montos que debían ser declarados ante la Dirección Nacional de Aduanas, diligencia que no fue realizada. Por esa razón, se los acusa de tentativa de contrabando, al considerar que el dinero constituye un instrumento negociable según la normativa vigente en Paraguay.

El fiscal Villalba sostuvo que el delito es de acción penal pública y que la omisión de declarar los valores buscó ocultar instrumentos monetarios. En su razonamiento, el caso configura una tentativa de contrabando, aunque no descartó ampliar la acusación hacia otras figuras previstas en la ley.

La expectativa ahora se centra en las próximas audiencias, donde se definirá si los imputados deciden declarar y cómo avanzará la estrategia de la fiscalía. El proceso, seguido de cerca por medios y actores políticos, promete convertirse en un caso testigo sobre la aplicación de la legislación paraguaya en delitos económicos transnacionales.