La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, sumó una nueva denuncia por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, que incluye pedido de juicio político. La presentación fue realizada por una ex empleada judicial, abogada y contadora, quien denunció acoso laboral, discriminación y persecución por razones políticas.

La acusación se incorpora a otras dos denuncias que ya se encuentran en trámite en la Cámara de Diputados. En esos expedientes, Medina fue cuestionada por ausencias prolongadas de su jurisdicción —668 días hábiles entre los períodos 2016-2019 y 2024-2025— y por la presunta aceptación o gestión de contribuciones del Banco de Entre Ríos SA y fundaciones vinculadas a esa entidad en favor de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, lo que podría configurar un conflicto de intereses.

La nueva denuncia fue presentada por Marta Cecilia Miño, quien se desempeñaba como escribiente titular en la Sala en lo Civil y Comercial del STJ. Según sostuvo, fue trasladada de manera unilateral, inconsulta y sorpresiva a otra área del Poder Judicial, sin especificidad de funciones y sin su consentimiento, en lo que interpretó como una represalia política.

Miño aseguró que el cambio de destino se formalizó mediante una resolución firmada por Medina junto a otros integrantes del Tribunal de Superintendencia, y afirmó que el traslado careció de fundamentos válidos. También denunció que, a partir de esa reasignación, sufrió una situación de violencia laboral persistente, con descalificaciones e insultos, que derivaron en un cuadro de angustia y depresión.

La ex empleada judicial señaló que denunció estos hechos ante la Oficina de Sumarios y Violencia Laboral del STJ, pero sostuvo que se le negó el derecho a ser oída y que se obstaculizó su acceso a la justicia. En ese marco, atribuyó a Medina un rol de conducción y decisiones contrarias a principios constitucionales y garantías fundamentales.

Entre los hechos denunciados, mencionó la violación del debido proceso y del derecho de defensa, la negativa a reconocer notificaciones electrónicas válidas y el ejercicio de una forma de violencia institucional sostenida. Según la presentación, estas conductas configurarían un abuso de poder incompatible con el principio republicano de gobierno.

Medina rechazó las acusaciones y sostuvo que no se le imputan cargos jurídicos concretos, sino juicios de valor basados en opiniones sin pruebas. Afirmó que las denuncias constituyen una herramienta de presión en su contra y solicitó el rechazo in limine de los planteos. Está previsto que se presente de manera remota ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para exponer su descargo y responder preguntas.

La Comisión de Juicio Político, presidida por Gabriela Lena, deberá ahora analizar esta tercera denuncia, que se sustancia por separado de las anteriores, y definir los pasos a seguir en el proceso.