Este 8 de marzo de 2026, Día Internacional de la Mujer, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Entre Ríos ratificó su compromiso de trabajo por los derechos de las mujeres, bajo los lineamientos institucionales trazados por el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez. El acceso igualitario a la justicia, la protección de niñas y adolescentes, el control de legalidad en situaciones de salud mental y la prevención de la violencia son ejes centrales de esta tarea.

Bajo el lema de Naciones Unidas “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, el MPD se suma a la convocatoria global que busca garantizar sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, eliminando prácticas discriminatorias y fortaleciendo protecciones legales.

Justicia accesible

El MPD promueve medidas para proteger derechos fundamentales y garantizar asistencia jurídica integral a personas en situación de vulnerabilidad. Aunque estas acciones alcanzan a toda la población, las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a la justicia, lo que interpela a defensores, equipos técnicos y agentes. Las 100 Reglas de Brasilia señalan que el género es una de las causas de vulnerabilidad en el acceso a la justicia.

Las defensorías civiles brindan asistencia gratuita en temas de familia, salud y vivienda, impulsando medidas de protección en casos de violencia de género, reclamos alimentarios y prestaciones de salud. Las defensorías penales garantizan derechos de personas acusadas sin recursos, mientras que las de Ejecución de Penas atienden especialmente las condiciones de mujeres en instituciones penitenciarias.

El MPD también implementa dispositivos innovadores, como el abordaje para varones imputados en contextos de violencia de género, en conjunto con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y el Dispositivo de Entrevistas Testimoniales Videograbadas, que protege a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual evitando su revictimización.

La defensa pública trabaja además en la protección de niñas y adolescentes, garantizando el interés superior del niño/a en procesos de guarda y adopción a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción (RUAER) y el nuevo dispositivo de referentes de cuidado.

En materia de salud mental, el Órgano de Revisión y la Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental velan por los derechos de personas internadas involuntariamente y supervisan efectores públicos y privados.

Con esta mirada transversal, el MPD reafirma que la igualdad ante la justicia es un deber ineludible y que la perspectiva de género, junto con la capacitación permanente prevista en la Ley Micaela, son herramientas esenciales para transformar la práctica jurídica y garantizar derechos humanos en toda la provincia.