El presidente Javier Milei encabezará este jueves en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza la presentación oficial del proyecto de reforma integral del Código Penal, acompañado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La iniciativa será luego enviada al Congreso para su tratamiento legislativo.

El proyecto busca modernizar un cuerpo normativo que rige desde hace más de un siglo y que, según el Gobierno, resulta insuficiente para responder a nuevas modalidades criminales. El texto unifica en un solo marco más de mil disposiciones penales especiales, incorpora delitos emergentes y agrava las sanciones para ilícitos considerados de especial gravedad.

El acto contará con la presencia de jueces y especialistas que participaron de la redacción, entre ellos el camarista Mariano Borinsky. También integraron la comisión los magistrados Jorge Boumpadre, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico, Julio César Báez, Carlos Manfroni, Horacio Romero Villanueva, Fernando Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena. A su vez, se consultó a referentes internacionales y a organizaciones de la sociedad civil como la AMIA, la DAIA y Madres del Dolor.

Entre los cambios centrales, el texto eleva la pena máxima por homicidio simple a 30 años y amplía los supuestos de homicidio agravado. En delitos sexuales, establece sanciones más severas para grooming, trata de personas, difusión de material de abuso infantil, pornovenganza y la práctica conocida como stealthing. También incorpora figuras vinculadas al acoso laboral y escolar, al hostigamiento, a las estafas piramidales y a delitos cotidianos como el robo de celulares, secuestros virtuales o ataques de motochorros y viudas negras.

Otro eje clave es la responsabilidad penal de las personas jurídicas por cualquier tipo de delito. El régimen prevé criterios de imputación, graduación de sanciones y beneficios para quienes cooperen con la justicia. En materia de corrupción, la reforma agrava las penas por cohecho, tipifica el soborno entre privados y redefine el enriquecimiento ilícito, ampliando los alcances de la persecución penal.

Según el documento explicativo del Ministerio de Justicia, el objetivo es “proteger con mayor firmeza bienes jurídicos esenciales como la vida, la familia, el honor y el equilibrio fiscal”, a través de un sistema más claro y homogéneo. El Gobierno destaca que se trata de la primera reforma integral de esta envergadura desde la sanción original del Código en 1921.