La medida genera fuertes repercusiones en el ámbito político y judicial, ya que la designación de jueces de la Corte suele requerir el aval del Senado. Mientras el oficialismo defiende la decisión como un mecanismo excepcional ante la falta de acuerdos en el Congreso, la oposición y algunos sectores jurídicos cuestionan la constitucionalidad del decreto.

Por su parte, Lijo y García Mansilla cuentan con trayectorias reconocidas en el ámbito judicial y académico, lo que abre el debate sobre su impacto en el máximo tribunal del país.

Por su parte Lijo es un magistrado cuestionado por sectores políticos en torno a su desempeño. La decisión genera controversia por el incumplimiento de las disposiciones para la elección establecidas en la constitución, que obliga a tener el aval del Congreso de la Nación.