“El régimen contractual vigente tiene más de 70 años y no está diseñado para este mundo. Si la mitad de los trabajadores están en la informalidad, eso quiere decir que no funciona”, afirmó el mandatario. La propuesta busca permitir contratos voluntarios y nuevas formas de empleo, sin eliminar los convenios actuales, pero abriendo la puerta a acuerdos más flexibles entre empleados y empleadores.

Milei insistió en que la reforma traerá beneficios generales: “Ganan los trabajadores que pasan de la informalidad a la formalidad, ganan los sindicalistas porque incorporan nuevos afiliados, gana el sistema previsional con más aportes. Ganamos todos, salvo los que quieren tener a los argentinos como esclavos”.

La iniciativa en estudio tiene como base el proyecto presentado por la diputada libertaria Romina Diez a fines de 2024, denominado “ley de promoción de inversiones y empleo”. El texto busca otorgar incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas para fomentar la contratación, y habilita nuevas modalidades como la fragmentación de vacaciones, bancos de horas y esquemas flexibles dentro de convenios colectivos.

Algunos puntos, sin embargo, reeditan el capítulo laboral del DNU 70/23, suspendido por la Justicia, entre ellos la ampliación de la jornada a 12 horas y la posibilidad de pagar parte del salario con tickets o en cuotas las indemnizaciones judiciales.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, cercano a la ministra Sandra Pettovello, admitió que el Gobierno también pretende revisar la negociación salarial y la “ultraactividad” de los convenios, para avanzar hacia paritarias por productividad o empresa.

Desde la CGT, Gerardo Martínez rechazó la iniciativa y la vinculó con el decreto ya cuestionado: “No es más que la ratificación del DNU 70/23, rechazado y judicializado con éxito. La central obrera expresó un categórico rechazo a cualquier intento de reforma inspirada en ese decreto”.

Mientras el oficialismo ajusta el texto junto al Consejo de Mayo, la tensión entre el Gobierno y los sindicatos promete trasladarse al Congreso, donde el debate sobre el futuro del trabajo volverá a ser eje de confrontación política.