El Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, se creó como ente recaudador y financiero, para la construcción de viviendas sociales, para la clase asalariada.

Como requisito fundamental para poder acceder a la financiación a 30 años que hoy otorga el Instituto, se requiere cumplir los requisitos Fonavi, en el cual la casa debe ser otorgada a una familia, que no tenga propiedades a su nombre y que tenga ingresos fijos demostrables para poder abonar la cuota social.

Una vez que el adjudicatario toma posesión de la vivienda, la propiedad quedará hipotecada por el organismo, hasta que cancele la deuda con éste.

Bajo estas condiciones, la vivienda no podrán ser alquiladas como vivienda de residencia permanente o a turistas, de lo contrario se estará violando un principio básico del Fonavi, sobre la habitabilidad de la propiedad.

Este fenómeno de alquiler de viviendas sociales a turistas, es algo que se da toda las temporadas, y este año la Regional Sur del IAP, reforzó los controles al realizar un rastrillaje por los barrios y a recepcionar denuncias de los vecinos y obrar en consecuencia.

“Es común ver casas que fueron adjudicadas hace tiempo y hoy están deshabitadas. Este control es permanente en los barrios, y se hace cada dos meses cuando los inspectores del IAPV reparten las facturas de las cuotas de la casa”, explicó Carlos Aloy, gerente de la Regional “Gualeguaychú”.

Estas constantes inspecciones lograron que varias casusas se judicialicen, para pedir el desalojo del anterior adjudicatario y reasignarle la propiedad a otra familia que figure en nuestro padrón de familias sin techo”, dijo.

En estos momentos hay 20 causas en proceso legal para regularizar la situación que en la mayoría de los casos, por la gravedad de las infracciones termina con el pedido de desalojo. De todos modos las causas llevan su tiempo.

“En este momento ya tenemos la resolución de un juez, con sentencia a favor del Instituto, que fue apelada por los adjudicatarios y estamos a la espera de si la Cámara de Apelaciones ratifica la sentencia del magistrado o no”.

El sábado 22 de enero, a raíz de la denuncia de una persona, el IAPV intervino en uno de estos casos de alquiler de viviendas sociales aún hipotecadas a turistas en el barrio Viocer La Rioja.

“Realizamos un acta de constatación ante escribano público, a través del Instituto de la Vivienda, por haber estado alquilada a turistas y los adjudicatarios no están viviendo allí y es un motivo para que nosotros podamos actual para regularizar esa situación”, explicó Aloy.

“Cuando decimos regularizar esa situación nos referimos de máxima desadjudicar la vivienda a los antiguos adjudicatarios para poder readjudicar a los nuevos grupos familiares que la necesiten y de mínima sería que cancelen toda la deuda con el IAPV o se judicializa la causa”.

En tanto, el IAPV, recibe denuncias con el compromiso de preservar la identidad del denunciante y el expediente iniciado por el caso.

“Las situaciones irregulares son muchas y los recursos humanos son escasos con relación a la cantidad de irregularidades que detectamos. De cualquier manera tengo que agradecer a la gente de los barrios que denuncia estos casos”.

Por denuncias pueden llamar al 431175 y el 424642 de 7:00 a 13:00 de lunes a viernes.

Las inmobiliarias están informadas

De acuerdo a la Dirección de Turismo de la Municipalidad, en esta temporada son 13 las inmobiliarias que prestan servicio de locaciones turísticas y para prevenir que estos operadores inmobiliario incurran en la falta de alquilar viviendas sociales hipotecadas, el IAPV les informó sobre el procedimiento a seguir, mientras está abierto a cualquier consulta por parte de éstos prestadores de servicio turísticos.

“Le hemos comunicado a las inmobiliarias vía nota como es el proceso de la vivienda con el IAPV y particularmente me he reunido con ello para tratar este tema. Así que están informados”, agregó.