El detenido es un joven de 21 años, funcionario policial, que se encuentra detenido con prisión preventiva en la Comisaria de Minoridad y Violencia Familiar por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal reiterado, lesiones leves agravadas reiteradas, privación ilegítima de la libertad y amenazas simples”.

La Investigación Penal Preparatoria está cerrada e incluso ya se realizó el requerimiento para realizar la audiencia de elevación de la causa a juicio, pero ello se ha dilatado por posibles nulidades que presentará la defensa en torno al procedimiento llevado adelante. Mientras tanto, el jueves por la mañana se discutió ante el Vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, Tobías Podestá, la excarcelación bajo medida domiciliaria del imputado.

La fiscal Martina Cedrés, a cargo de la investigación, se negó rotundamente a que esto sucediera porque detalló lo sucedido durante abril que obligó a la Justicia de Gualeguaychú a dar marcha atrás sobre una domiciliaria que se le había dictado a raíz de un supuesto incumplimiento de mantener contacto con la víctima.

Tras la detención a mediados de febrero, se le dictó una prisión preventiva que se le prorrogó hasta principios de abril, donde el juez de Garantías, Ignacio Telenta, le otorga el beneficio de un arresto domiciliario a pedido de la defensa. Pero el 23 de abril, la víctima fue contactada por una mujer para alertarla que la habían contactado desde el círculo íntimo del imputado para que la fotografiara en el comercio donde trabaja, para amedrentarla, lo cual fue puesto en conocimiento de la Fiscal, que requirió inmediatamente que se le revocara de la domiciliaria.

El acusado volvió a su lugar de detención y en la audiencia de esta semana, su defensor apeló por su excarcelación, pero esta vez fue el juez Podestá el que le negó volver a ese beneficio y en principio se lo mantendrá hasta el próximo 13 de mayo cuando se volverá a discutir si se lo mantiene detenido o se lo libera.

El caso es sumamente grave, porque además la persona acusada es miembro de la Policía en Gualeguaychú. Fue acusado de obligar a su pareja a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, de practicarle sexo oral, mientras convivieron durante el 2025. Ella expresó en todo momento su negativa, pero ello originaba algo inverso en el sujeto, que según denunció la mujer, su novio “disfrutaba esa situación”.

Ella anulaba su voluntad y era la voluntad del acusado la que dominaba la relación de pareja. Le prohibió tener amigos, la alejo de su familia con excusas de toda índole. Erosionó su carácter y personalidad, insultándola y diciéndole que no servía para nada, algo propio en este tipo de relaciones de abuso.

Para la víctima no era algo fácil de denunciar. El agresor pertenecía a la Policía y en todo momento le recalcaba que no le iba a servir de nada ir a la Jefatura y que a él no le iba a pasar nada. Infundió miedo y terror en la joven, e incluso fue tal el nivel de sometimiento al que la sometió que la obligó a interrumpir en enero pasado un embarazo de seis semanas.

A todo ello, también se le suman las constantes agresiones físicas. Luego de abortar, la insultaba diciéndole que lloraba todo el tiempo, la tomó de los pelos para sacarla del baño. Cuando cenaban, y como eran constantes las lágrimas de la joven a la que había obligado a terminar con el embarazo, le dijo que se matara y con el cuchillo Tramontina que tenía en su mano le originó un corte en el brazo izquierdo. Incluso, le dejó su arma reglamentaria a mano para que se suicidara.

Ella intentó escapar de la casa, pero el sujeto la mantenía encerrada y había tirado las llaves hacia el exterior. Alcanzó a tomar un teléfono y llamó a la dueña del inmueble que alquilaban, que fue con su marido y luego de poder abrir la puerta, recataron a la joven.