El debate por la Ley de Glaciares vuelve a tensar la agenda ambiental y política en Argentina. Mientras el oficialismo avanza con una propuesta que habilita a las provincias mineras a decidir sobre proyectos en zonas periglaciares, el peronismo presentó un proyecto que refuerza la normativa vigente y advierte sobre los riesgos de retroceder en la protección de reservas estratégicas de agua dulce.

Un recurso vital en disputa: agua, soberanía y desarrollo

El diputado nacional Eduardo Valdés anunció la iniciativa con un mensaje contundente: “Defender los glaciares es defender la vida. El acceso al agua es un derecho y una condición para el desarrollo. Cualquier retroceso compromete el futuro de nuestras comunidades”.

La propuesta llega días antes de que el Senado trate la media sanción de la normativa actual. El proyecto oficialista, respaldado por gobernadores de provincias mineras, busca otorgar mayor autonomía para definir qué emprendimientos extractivos pueden realizarse en áreas periglaciares, hoy protegidas por Ley.

Según datos oficiales, Argentina cuenta con cerca de 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias. Estos cuerpos de hielo alimentan 36 cuencas hídricas y abastecen de agua a millones de personas. Valdés subraya que su preservación es clave para el consumo humano, la producción agrícola, la recarga de cuencas, la generación de energía, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.

La iniciativa también se vincula con los compromisos internacionales asumidos por Argentina en el Acuerdo de París sobre cambio climático y recoge las advertencias de organizaciones ambientales como Greenpeace, FARN, Aves Argentinas, la Asociación de Abogados Ambientalistas y Jóvenes por el Clima, que rechazan cualquier flexibilización de la normativa vigente.

Valdés advierte que reducir estándares de protección podría afectar la disponibilidad y calidad del agua, especialmente ante la expansión de actividades extractivas sin controles suficientes. “El acceso al agua y la protección de los glaciares no son solo una cuestión ambiental, sino un tema de soberanía, desarrollo y justicia social”, concluye el texto. Fuente: APFDigital