El prolongado conflicto en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) sumó un capítulo definitorio en el plano judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo unánime mediante el cual rechazó un recurso extraordinario que había presentado el Ministerio de Capital Humano. De esta manera, el máximo tribunal obligó al Gobierno Nacional a poner en marcha la normativa de manera inmediata, ratificando las medidas cautelares previas que protegen las partidas destinadas a la educación superior.

La resolución judicial resguarda de manera urgente los recursos vinculados a:

• Los salarios del personal docente.
• Los haberes del personal no docente.
• El financiamiento de las becas estudiantiles.

De acuerdo con lo expresado por Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA y docente del CBC, la Corte Suprema dejó en pie las decisiones de primera y segunda instancia bajo el argumento de que los salarios de los trabajadores universitarios poseen un carácter alimentario. "No se puede elegir qué leyes cumplir y qué leyes no cumplir en democracia", sentenció el referente sindical en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

El argumento oficial: el riesgo del déficit y la inflación

A pesar de la contundencia del fallo judicial, la gestión encabezada por el presidente Javier Milei ratificó su postura de priorizar de forma estricta el superávit fiscal. Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 27.795 de manera irregular, ya que omitió detallar de qué partidas presupuestarias específicas se obtendrían los recursos económicos necesarios para su sustentación.

Según los cálculos de las autoridades nacionales, la aplicación efectiva de la ley implicaría para las arcas del Estado un desembolso estimado de entre 1,3 y 3,6 billones de pesos. Los voceros oficiales advirtieron que la ley vulnera de forma directa el artículo Nro. 38 de la Ley de Administración Financiera, el cual establece taxativamente que toda norma que demande un gasto extra debe precisar su fuente de financiamiento.

Bajo la óptica oficial, al no existir partidas asignadas, la única alternativa material para cumplir con la ley sería recurrir a la emisión monetaria. Esta opción es rechazada de plano por el Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo, bajo el argumento de que dispararía la inflación y desestabilizaría el plan económico de estabilización vigente.

Reacción gremial y advertencia de paros para el segundo cuatrimestre

Desde la vereda sindical, el fallo de la Corte Suprema fue recibido con entusiasmo y calificado como un triunfo de las bases trabajadoras. Ileana Celotto, secretaria adjunta de la Asociación Gremial de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), cruzó duramente los argumentos del oficialismo y denunció que las maniobras del Gobierno buscaron sistemáticamente "terminar con la ley" tras los intentos fallidos de veto y modificaciones presupuestarias en el Parlamento.

"Este fallo de la Corte Suprema salió porque el acta no conforma a la masa de docentes y no docentes. Se armó un repudio generalizado en todo el país... Se empezó a generar un debate y un ánimo de que en agosto, cuando comience el segundo cuatrimestre, se vuelva a retomar el plan de lucha", advirtió Celotto.

Respecto a la discusión sobre el origen de los fondos, la dirigente gremial aseguró que "es muy fácil decir de dónde sale la plata". Señaló que el Ejecutivo otorga constantemente prebendas y concesiones a diversos sectores económicos concentrados, recursos que bien podrían reorientarse a los salarios de los trabajadores universitarios.

Por su parte, el Gobierno Nacional aclaró que el fallo del máximo tribunal de Justicia "no resuelve la cuestión de fondo" respecto a si la normativa es o no constitucional. Como contraofensiva ante la resolución, las autoridades le solicitaron a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que profundice e intensifique las auditorías contables sobre el uso de los fondos públicos en todas las facultades autónomas del país.