Hasta fines de julio se extendió la medida preventiva que dispuso el juez de Garantías Ignacio Telenta para los dos jóvenes que están acusados de ser los autores de los disparos de arma de fuego a un adolescente de 17 años, en un hecho ocurrido en Gualeguaychú hacia fines de abril.

Según las primeras reconstrucciones, la víctima se retiró caminando de un boliche en la zona del Corsódromo, mientras que los presuntos agresores se desplazaban en un vehículo. Minutos después, en la intersección de calles 10 de Junio y Quijano, el adolescente fue atacado a tiros.

El menor recibió tres disparos en la zona de la pelvis, la ingle y la pierna derecha, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un Hospital Centenario, donde fue intervenido quirúrgicamente. Presentaba lesiones de gravedad, entre ellas una fractura de tibia, aunque quedó fuera de peligro.

En la escena del ataque, la Policía secuestró ocho vainas servidas calibre .380, lo que significa que dispararon más de tres tiros. Posteriormente se realizaron múltiples allanamientos en distintos puntos de la ciudad y en uno de ellos, en la zona norte, se secuestró el vehículo en el que se habrían trasladado, pero a los presuntos involucrados nunca se los pudo ubicar hasta que en la mañana del miércoles se entregaron en Fiscalía.

Los dos jóvenes permanecieron ocultos en casas de familiares hasta que finalmente decidieron salir y enfrentar la acusación. Concurrieron hasta la sede de la Fiscalía en 25 de Mayo y Mitre acompañados de sus familiares más cercanos, y tras ello se ordenó su detención.

Posteriormente, fueron citados a indagatoria ante el fiscal Jorge Gutiérrez y ambos se abstuvieron de declarar. Luego, en la audiencia en el Juzgado de Garantías de Natalia Céspedes y de común acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta que se mantuvieron prófugos varios días y existía una orden de pedido de detención, se dictó la prisión preventiva por 30 días, que venció a fines de mayo.

El fiscal Gutiérrez les imputó el delito de lesiones graves, agravadas por abuso de arma y portación ilegal de arma de fuego. Esta acusación prevé una pena de 6 años de prisión, pero se agrava hasta los 8 años por la utilización de un arma de fuego. La aparición de un video, que esclarece la mecánica del hecho, es clave en la acusación. El Fiscal ya culminó con la investigación penal y en poco tiempo requerirá la realización de la audiencia de elevación a juicio.