El uso masivo de billeteras electrónicas, transferencias inmediatas y redes sociales como canal de compra generó un terreno fértil para los ciberdelincuentes. En este escenario, la información y la prevención se vuelven herramientas fundamentales para reducir riesgos y fortalecer la confianza en las operaciones online.

El Ministerio de Seguridad de Nación reconoció el crecimiento del ciberdelito y lanzó la Resolución 231/2026, que creó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido. Esa resolución habla de la necesidad de coordinar fuerzas federales y provinciales para enfrentar el fraude digital, pero no incluye estadísticas concretas ni porcentajes de incremento.

En Gualeguaychú, al igual que en el resto del país, las estafas virtuales se han vuelto una problemática frecuente. En este sentido, la Ley de Defensa del Consumidor garantiza derechos claros: información veraz, posibilidad de revocar compras a distancia y reclamos formales ante organismos competentes. Sin embargo, la rapidez con que operan los ciberdelincuentes deja a muchos vecinos expuestos.

Desde la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, a cargo del abogado Lucio Benítez, se insiste en la prevención y en denunciar de inmediato. En paralelo, testimonios como el de Estela, jubilada que perdió sus ahorros tras caer en una falsa promoción, muestran el impacto emocional y económico de estas prácticas. La pregunta que surge es si la comunidad está preparada para reconocer y evitar trampas cada vez más sofisticadas.

En diálogo con EL ARGENTINO, Benítez explicó que las modalidades más comunes en la ciudad son el phishing bancario, las cuentas hackeadas en WhatsApp que solicitan dinero a contactos, las ventas ficticias en redes sociales y las publicaciones fraudulentas en marketplaces. “Los vecinos tienen derechos claros: a recibir información transparente, a no ser inducidos a error, a revocar compras realizadas a distancia y a reclamar formalmente ante proveedores y organismos. Estos derechos son plenamente aplicables a compras por redes sociales, sitios web o aplicaciones”, dijo el funcionario.

Mientras tanto, hay testimonios de víctimas que reflejan la dimensión del problema. Estela, jubilada residente en Gualeguaychú, relató su experiencia: “Un día apareció en Facebook una promoción con descuentos para jubilados de Pami. Para acceder al beneficio tenía que ingresar a la página y poner mis datos. La web era idéntica a la oficial y me pedía validar la operación. Confiada, ingresé mi información bancaria y pensé que estaba asegurando la oferta. Horas después recibí un aviso del banco: habían hecho transferencias y mi cuenta quedó vacía. Sentí una mezcla de impotencia y bronca, porque todo parecía real y confiable”.

En este sentido, Benítez subrayó que ninguna entidad bancaria o estatal debe solicitar claves, números de tarjeta o códigos por SMS, menos por redes sociales. “Es fundamental que los consumidores desconfíen de ofertas excesivamente atractivas, verifiquen que los sitios web sean oficiales y activen medidas de seguridad como la verificación en dos pasos”, señaló.

Otra vecina de la ciudad, y comerciante de Gualeguaychú, también fue víctima de una sofisticada estafa virtual que le ocasionó un perjuicio económico muy grande. Según la denuncia de Mariana, recibió un llamado de personas que se hicieron pasar por representantes de una billetera virtual vinculada a una tarjeta nacional. Con un discurso convincente y apelando a la urgencia, los estafadores le indicaron que debía realizar una supuesta “actualización de datos” para evitar inconvenientes en su cuenta. Bajo engaño, la mujer terminó compartiendo un código de verificación y participando en varias videollamadas de WhatsApp, instancia en la que los delincuentes aprovecharon para obtener información sensible e incluso registrar datos biométricos mediante la cámara del dispositivo.

Tras esas comunicaciones, la víctima comenzó a notar movimientos inusuales en su cuenta y constató que se habían realizado múltiples transferencias por un total de $7.300.000 hacia distintas cuentas bancarias.

Ambas damnificadas explicaron que rápidamente activaron los mecanismos para frenar los consumos: “Bloqueé las tarjetas y cuentas para frenar nuevas operaciones, avisé de inmediato al banco sobre las transferencias no reconocidas”, comento Mariana. Mientras que Estela afirmo: “tuve que cambiar las contraseñas de mis redes sociales y del correo electrónico. Además, denuncié en la Policía y me asesoré en Defensa al Consumidor. Hasta ahora no sé si voy a recuperar todo lo que me sacaron y el celular, que también me lo hackearon, sigue funcionando mal”.

Desde Defensa del Consumidor, remarcaron que, en caso de ser víctima de un fraude digital, los pasos básicos son: contactar de inmediato al banco para bloquear operaciones; realizar la denuncia en sede policial o fiscalía; reunir capturas y comprobantes e iniciar el reclamo como consumidor. “La prevención y la rapidez en la reacción son las mejores herramientas para frenar el impacto de estas estafas”, enfatizó Benítez.

El crecimiento del entorno digital plantea nuevos desafíos para la comunidad. Con consumidores proactivos y responsables, y con el acompañamiento de organismos locales, es posible construir un entorno digital más seguro. Sin embargo, testimonios como el de Estela y de Mariana muestran que la vulnerabilidad sigue siendo alta y que la educación digital es tan urgente como la respuesta judicial. La confianza en las operaciones online dependerá de la capacidad colectiva para reconocer y evitar trampas cada vez más sofisticadas.