La oposición boliviana aceptó hoy la propuesta del presidente Evo Morales de someter su mandato y el de los prefectos a referéndum revocatorio, al interpretar que constituye "la mejor salida" para superar la crisis política que divide al país.

Los prefectos opositores aceptaron someter sus mandatos y el del presidente en un referéndum revocatorio, pero no concuerdan en establecer un porcentaje de votos diferenciado que necesitaría cada uno de los prefectos y el propio Presidente para mantenerse en el cargo, informaron las agencias Ansa y Bolpress.

"Ni bien nos hemos enterado todos estamos de acuerdo", declaró el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, mientras que el secretario de la oficina de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz Carlos Dabdoub aseguró que todos los prefectos opositores aceptarán el reto porque fueron ellos los que propusieron primero el referéndum revocatorio.

El senador de Podemos Oscar Ortiz expresó que su partido también acepta la propuesta del referéndum revocatorio y se comprometió a trabajar en el Congreso por una propuesta transparente y para elaborar una ley que fortalezca la democracia boliviana.

La Corte electoral boliviana informó que para preparar el referéndum necesitará de por lo menos cuatro meses desde la convocatoria, que debe aprobar el Congreso, hasta la fecha de votación, y un presupuesto de 50 millones de bolivianos (6,5 millones de dólares).

Pese a que la mayoría de los dirigentes opositores expresó su conformidad con la consulta popular, al mismo tiempo prosiguen las medidas de fuerza contra la reforma constitucional que alienta el presidente Morales.

El gobierno de Bolivia había pedido hoy que la oposición no obstruya el referendo revocatorio del presidente y los nueve gobernadores que anunció Evo Morales.

"La voluntad popular y al soberano no se lo puede detener y no se pueden buscar pretextos como señalan algunos prefectos (gobernadores) para frenar el proceso constituyente que tiene plazos y obedece a una ley", dijo el vocero presidencial Alex Contreras en declaraciones a radio Panamericana.

Con estas palabras el portavoz salió al cruce de los prefectos opositores que condicionaban su aceptación del referendo revocatorio de sus mandatos a que el presidente Morales paralice la Constituyente, anule la aprobación en general de la nueva Constitución y la ley que financia la renta universal a la vejez con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Según Contreras, el poner escollos al referendo revocatorio es reflejo del temor que tienen los prefectos que estuvieron en Estados Unidos (los de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Beni) los primeros días de esta semana presentando quejas a la OEA y a la ONU acerca de supuestos abusos del Gobierno del Presidente Evo Morales.

Morales desafió anoche a los nueve prefectos de los departamentos (provincias) a someter su mandato y el suyo a un referendo revocatorio, por lo que hoy su vocero manifestó su esperanza de que la norma que habilitará esos revocatorios sea sancionada lo antes posible por el Parlamento, donde la oposición controla el Senado.

Los opositores prefectos de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; de Santa Cruz, Rubén Costas; de Tarija, Mario Cossío; de Pando, Leopoldo Fernández; y de Beni, Ernesto Suárez, junto a sus comités cívicos, impulsan una huelga de hambre en rechazo a la nueva Constitución y a la renta Dignidad.

Por otra parte, La presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, decidió reinstalar sus sesiones el miércoles 12 de diciembre en Lauca Ñ, en el Chapare, bastión social de Morales.

La directiva de la Asamblea vio en el región del Chapare las condiciones de seguridad necesarias y decidió retomar allí las sesiones, a 550 kilómetros de La Paz, para continuar con la aprobación en particular de la nueva Constitución ya sancionada en general en medio de graves incidentes en Sucre.

La Constituyente debe entregar la nueva Constitución el 14 de diciembre, según el mandato del Congreso, y casi toda la oposición, que no participó de su aprobación en general, también rechazó incorporarse al debate en particular, salvo los representantes de Unidad Nacional.