“Consideramos que es un retroceso de los derechos conquistados por parte de los trabajadores estatales entrerrianos y una extralimitación del gobierno provincial en cuanto a la discrecionalidad del manejo que se pretende tener de la obra social”, afirmaron.

Además, el proyecto de ley enviado a la Legislatura “prescinde de las claras obligaciones que se le imponen a la institución a la hora de planificar, reglamentar y administrar la promoción, prevención, protección, reparación y rehabilitación de la salud de los afiliados y vagamente le encomienda sostener ‘prestaciones asistenciales’, dando además lugar a la intervención de terceros, abriendo la puerta para privatizar directa e indirectamente la salud de los afiliados”, advirtieron los concejales.

“Otro de los aspectos preocupantes de la decisión del gobierno provincial tiene que ver con “facultar al Directorio a anular programas y servicios específicos de atención a la salud según ‘la evolución del contexto sanitario provincial’, lo que genera un marco en el que se puede retroceder en la cobertura y prestaciones”, señalaron en un comunicado enviado a APF.

“Estamos convencidos que el mejoramiento de Iosper pasa por discutir con transparencia los desafíos que enfrenta la obra social producto del modelo económico y la desregulación en el sector. Es necesario tomar medidas para consolidar la sustentabilidad de la institución sin quebrantar su espíritu democrático, autárquico y sin retroceder en derechos conquistados”, afirmaron.