La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) presentó dos documentos técnicos para fijar posición ante la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Lejos de acompañar la flexibilización planteada por el oficialismo, la central elaboró un contraproyecto que apunta a ampliar derechos, fortalecer la protección social y disputar la distribución del ingreso a favor de los trabajadores.

Los informes del Instituto de Estudios y Formación, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y el Departamento Jurídico sostienen que las medidas del Ejecutivo, lejos de generar empleo formal, profundizaron el crecimiento del trabajo por cuenta propia y del empleo no registrado. En ese marco, la CTA-A propone un enfoque integral que articule las reformas laboral, tributaria y previsional.

El documento principal, titulado “Diez propuestas de políticas públicas para un nuevo esquema de relaciones laborales con ampliación de derechos”, plantea un conjunto de medidas que buscan contrarrestar el abaratamiento del trabajo y la reducción de derechos que atribuyen al proyecto oficial. Entre los ejes centrales se destacan la implementación de una Renta Básica Universal equivalente a una canasta alimentaria para quienes no tienen ingresos registrados y la creación de un área de economía pública y social que coordine inversiones en salud, vivienda, cuidados y educación para impulsar empleo.

La agenda incluye además la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial, un seguro de empleo y formación que combine capacitación continua con estabilidad de ingresos, y mesas multisectoriales para transparentar estructuras de costos y redistribuir excedentes. También se propone regular las relaciones de dependencia encubiertas en plataformas digitales, garantizar condiciones igualitarias para trabajadores subcontratados, y crear un seguro colectivo autogestionado para quienes se desempeñan sin patrón.

Un capítulo central del documento lo ocupa la política integral de cuidados, con licencias igualitarias, guarderías y mecanismos para repartir responsabilidades entre familias, empresas y Estado. Asimismo, exige que el Salario Mínimo Vital y Móvil equivalga al costo real de una canasta individual.

El financiamiento de este programa se basa en medidas progresivas: una sobrealícuota para patrimonios superiores al millón de dólares dentro del Impuesto a los Bienes Personales, un anticipo de Ganancias para las 500 empresas más grandes y la eliminación de exenciones a rendimientos financieros y servicios digitales extranjeros. Según las estimaciones de la central, estas medidas permitirían obtener más de 10 mil millones de dólares anuales para inversión social.

El segundo documento, “Aportes de cara a la construcción de una propuesta alternativa de reforma laboral”, se centra en defender garantías de la Ley de Contrato de Trabajo. Propone reforzar la responsabilidad de empresas principales ante tercerizaciones, fortalecer el derecho de huelga, limitar el uso del despido con causa ante medidas gremiales y garantizar la reinstalación en casos de discriminación. También impulsa la derogación de figuras flexibilizadoras y la restitución de multas por empleo no registrado.