La Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionó al Gobierno nacional luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmara que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo tendrá carácter retroactivo y se aplicará a "todas las relaciones laborales". La reacción sindical llegó en medio del debate público por el proyecto de "modernización laboral" y reavivó la tensión entre la Casa Rosada y la principal central obrera del país.

El cruce fue encabezado por Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la CGT, quien calificó las declaraciones del funcionario como una contradicción con lo que venían sosteniendo otros referentes del oficialismo. Hasta ahora, desde el Gobierno se había dejado trascender que los cambios alcanzarían solo a los contratos firmados a partir de la sanción de la ley.

La discusión sobre la retroactividad se convirtió así en uno de los ejes centrales del conflicto, junto con el alcance de los derechos laborales y el rol de los sindicatos. En ese marco, la CGT volvió a expresar su rechazo al proyecto y advirtió que la iniciativa tiene puntos “muy delicados” para el mundo del trabajo.

El “sincericidio” y las críticas de la CGT al alcance de la reforma

Tras las declaraciones de Sturzenegger, Jerónimo fue contundente al cuestionar el cambio de postura del Ejecutivo. “Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, afirmó en diálogo con Radio Mitre.

El dirigente sostuvo que la confirmación oficial dejó al descubierto lo que, según la CGT, el Gobierno buscaba implementar desde el inicio. “Eso demuestra que a la hora de la verdad lo que terminan mintiendo son ellos”, sentenció. Y agregó: “El proyecto termina decantando en algo que ya veíamos porque lo habían dejado trascender, con puntos muy delicados para el mundo del trabajo”.

Jerónimo insistió en que la central obrera no se niega a discutir cambios en un contexto productivo distinto, pero remarcó que rechazan cualquier intento de imponer modificaciones sin consenso. “Acá no es que nadie se esté negando a sentarse porque el mundo del trabajo como lo conocíamos ha cambiado, es mucho más dinámico y genera otra perspectiva. Y nosotros estamos dispuestos a dar esa discusión, pero no por imposición”, señaló.

En la misma línea, calificó la iniciativa como “regresiva” y denunció una “quita de derechos individuales y colectivos”. “Prácticamente le saca todo tipo de protección a trabajadores y trabajadoras”, sostuvo, al enumerar los cambios propuestos en materia de contratación, indemnizaciones y resolución de conflictos.

El sindicalista también rechazó los argumentos oficiales que vinculan la postura de la CGT con la defensa de intereses económicos. “Eso quieren instalarlo desde el poder. Nosotros apelamos a la responsabilidad institucional para que convoquen a una mesa de diálogo y negociación. Nunca existió. Nunca quisieron dialogar con las contrapartes naturales”, afirmó.

Qué dijo Sturzenegger sobre la retroactividad y los cambios laborales

En días previos, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado había defendido públicamente el alcance del proyecto y confirmó que los cambios no serán “sólo para las futuras” contrataciones. “Es un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral. Estamos clarificando la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y la LCT aplica a todo el mundo”, sostuvo.

Según explicó, la iniciativa modifica 57 artículos de la legislación vigente y elimina otros nueve, con un rediseño integral del régimen laboral privado. Entre los puntos centrales, mencionó cambios en las condiciones de contratación, en el esquema de indemnizaciones y en los mecanismos de resolución de conflictos judiciales.

Sturzenegger también puso el foco en la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que funcionaría como un sistema de ahorro previo para afrontar despidos y contingencias. “Dentro de los cambios en las indemnizaciones se incentiva la creación de un fondo que surge de la baja del gasto y de la motosierra, que nos permite bajar impuestos”, afirmó.

En ese sentido, detalló que la reducción de cargas implicaría una baja del 3% en los impuestos al trabajo. “El empleador los tiene que poner en un Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo de ahorro previo para hacer frente a las contingencias”, explicó. Y agregó: “Es plata que está poniendo el Estado. Hay una parte que el Estado no se lleva y lo que no se lleva queda del empleador para hacer frente a esas contingencias judiciales y los despidos”.

El Consejo de Mayo, los cruces con los gremios y el anuncio de movilización

El conflicto se profundizó luego de que la CGT se retirara del Consejo de Mayo, el ámbito consultivo creado por el Gobierno para discutir las reformas estructurales. La central obrera estaba representada por Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, quien no asistió a la última reunión ni firmó el documento final. Según explicó Jerónimo, la decisión se tomó cuando comenzaron a plantearse “cosas ilógicas” y contrarias a los derechos laborales.

El Consejo estuvo integrado, entre otros, por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el propio Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el presidente de la UIA, Martín Rappallini, y la secretaria ejecutiva del organismo, Cecilia Domínguez. Sin embargo, la ausencia sindical dejó en evidencia las diferencias con la Casa Rosada.

Tras ese episodio, la CGT convocó a una reunión de su cúpula y anunció una movilización a Plaza de Mayo para el jueves 18 de diciembre, que podría coincidir con el tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. Desde la central aclararon que no se trata de un paro general y evitaron usar ese término. “No queremos afectar a la gente. Es una forma de protesta para mostrar el descontento”, explicó Jerónimo.

En paralelo, el ala política del Gobierno, encabezada por el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de Diputados, Martín Menem, buscó mantener abiertos los canales de diálogo con los gremios. Según trascendió, ambos aconsejaron moderar el enfrentamiento y dejar fuera del proyecto la eliminación de la cuota solidaria, un punto especialmente sensible para el sindicalismo.

Aun así, la confirmación de Sturzenegger sobre la retroactividad volvió a tensar el escenario. “Con la Ley Bases sacaron cuatro modificaciones en materia de trabajo y no generaron ni un solo puesto. Todo lo contrario: se perdieron 276 mil puestos y cerraron 20 mil pymes”, concluyó Jerónimo. (Perfil)