El Juzgado federal de Gualeguaychú procesó y dictó la prisión preventiva de Carina Izaguirre, imputada de “haber pertenecido a una organización criminal que llevaba a cabo intimidaciones a los beneficiarios del programa social Potenciar Trabajo, obligándolos a que abonen un porcentaje dinerario de dichos planes, a que entreguen sumas de dinero a cambio de la prohibición de la mercadería remitida por el Estado Nacional y a que vendan rifas, en tanto que si no lograban mandar los números asignados tenían que pagar los mismos a su costo.”

Según la Justicia, estas irregularidades se en el manejo de los fondos nacionales se registraron entre el año 2020, hasta el día de su detención el 18 de diciembre de 2024”. Desde entonces, Izaguirre estuvo alojada en la Unidad Penal 9 con prisión preventiva, hasta que ayer la Cámara de Apelaciones de Paraná ordenó su excarcelación y dictó una prisión domiciliaria, con la colocación de una tobillera electrónica y otra serie de medidas para resguardar el riesgo procesal.

No hubo oposición a la excarcelación

Matías Farías, uno de los defensores, dialogó con EL ARGENTINO y explicó que este cambio en la modalidad de prisión sucedió luego que el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, negó la excarcelación de Izaguirre a pedido del fiscal Federal, pedro rebollo, que consideró que en la investigación estaban probados los “aprietes” de Izaguirre a los beneficiarios y que en su libertad podría incurrir en este delito y condicionar a los testigos en el juicio.

“La Cámara de Paraná revocó lo que había resuelto Viri e hizo lugar al pedido nuestro. Luego, la investigación en general, sigue en la etapa de instrucción, o sea, se sigue en la etapa de investigación y próximamente se elevará a juicio. Mientras todo eso ocurre, ella debía estar en su casa”, confió Farías.

“Como defensores, este dictamen nos da tranquilidad para seguir trabajando y llegar al juicio el día mañana con el arresto domiciliario y esperar ese juicio en el que vamos a demostrar que ella es inocente de todas estas cuestiones que le están imputando”, agregó el letrado.

“Es muy importante que ella vuelva a su casa porque tiene un hijo menor de edad, que necesita a su madre presente en el día a día, pero además porque ella tiene un emprendimiento de venta de tortas, porque se dedica a la repostería, entonces esto también va a ayudar en la economía de la familia. Es algo muy importante que le hayan dado el arresto domiciliario como lo pedimos”, manifestó el entrevistado a EL ARGENTINO.

El Fiscal de Cámara de Paraná no tuvo en cuenta las consideraciones que había realizado su par en Gualeguaychú para sostener la prisión preventiva y no fundamentó en la necesidad de mantener a la detenida encerrada porque con su libertad podía entorpecer la investigación.

“El Fiscal de Cámara coincidió con la defensa en esta cuestión de que no existían estos riesgos procesales y que el mejor criterio era que tuviera un arresto domiciliario, o sea morigerar la prisión preventiva por arresto domiciliario, sujeta a pautas de conducta. De nuestra parte, estábamos en contra de que ella hubiera apretado algún testigo, presionado, o hubiera amenazado, todo lo contrario. Siempre colaboró con el proceso, siempre se quedó en Gualeguaychú pese a que sabía que le habían realizado un allanamiento a la casa y nunca se intentó fugar, por eso pedíamos este beneficio”, explicó.