Gobernadores y entidades empresarias comenzaron a delinear un “modelo productivo federal” con vistas a las elecciones presidenciales de 2027, en contraste con la actual gestión de Javier Milei. La iniciativa surge ante la ausencia de comunicación fluida con la Casa Rosada y el impacto de políticas que afectaron a provincias e industria.

El Ejecutivo nacional mantiene vínculos con ciertos sectores, pero industrialistas y pymes denuncian falta de interlocución efectiva. En Córdoba, la UIA presentó un decálogo con diez principios productivos: institucionalidad y vínculo público-privado; orden macroeconómico; competitividad sistémica; exportaciones; desarrollo federal equilibrado; modernización laboral; financiamiento; inversión en infraestructura y logística; capacitación, innovación y tecnología; ética y sustentabilidad.

Gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) destacaron la importancia de un acuerdo político-productivo que funcione como alternativa al Gobierno nacional, consolidando el armado de Provincias Unidas. La estrategia apunta no solo a las elecciones intermedias de octubre, sino también a posicionar un candidato propio para 2027.

El distanciamiento con Nación se intensificó por recortes en transferencias discrecionales, freno de obra pública y caída de recursos coparticipables. Dos puntos de mayor disputa son la ley de coparticipación de combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuya negociación sigue abierta.

La infraestructura vial es otro eje central: según el Instituto Argentina Grande, solo el 47,5% de las rutas pavimentadas estaba en buen estado en 2024, frente al 55% en 2022, y un tercio de la red presenta deterioro crítico, atribuible a la caída del gasto de capital del Estado nacional.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó convenios para regularizar deudas con provincias como Chubut, Entre Ríos y Córdoba. Otros distritos, como Santa Fe y Buenos Aires, mantienen reclamos millonarios vinculados a aportes jubilatorios, obras de infraestructura y compensaciones varias.

La creación de la “mesa federal” se plantea como una oportunidad de diálogo y coordinación futura, en un contexto marcado por la necesidad de consensos para el Presupuesto 2026 y reformas tributarias y laborales posteriores a los comicios de octubre.