La propuesta de legisladores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para derogar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo generó un fuerte rechazo en Entre Ríos. Organizaciones feministas y socorristas remarcaron que la normativa cuenta con plena legitimidad social y vigencia en el sistema de salud, y advirtieron que su eliminación implicaría una regresión en materia de derechos.

“Un derecho socialmente ganado”

Antonella Acosta, integrante de la red de socorristas Dora te Escucha y de la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná, sostuvo que la iniciativa desconoce la construcción democrática de un proceso de ampliación de derechos: “La IVE tiene completa validez legal y legitimidad social, porque fue una ley conquistada con años de deliberación pública. Es un derecho socialmente ganado y legitimado”.

La referente advirtió que derogar la normativa colisionaría con principios constitucionales vinculados a la salud integral, la igualdad y la no discriminación. “Pretender eliminar la IVE es desconocer ese piso de derecho ya conquistado y poner en discusión garantías que hoy forman parte del sistema democrático. No es una letra muerta: es una ley vigente todos los días en el sistema de salud”, afirmó.

Desde la organización de Socorristas interpretan que el resurgimiento del debate busca distraer a la sociedad de la situación económica. “Cuando el Gobierno nacional no puede mostrar buenos resultados, le da a la sociedad pan y circo”, expresó Acosta, quien además señaló la contradicción de sectores que “hablan en nombre de la vida” mientras recortan programas sanitarios y políticas para la primera infancia.

Finalmente, la activista subrayó que el cambio cultural es irreversible y que el compromiso de los gobernantes debería estar en otra parte: “Antes de poner nuevamente el debate en las mesas argentinas, que primero se encarguen de garantizar el plato de comida en esas mesas”.