La Oficina de Gestión de Audiencias notificó a las partes la fijación de fechas para la audiencia de remisión a juicio en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como imputados al ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, entre otros acusados.

Las audiencias se desarrollarán ante el juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, entre el 10 de marzo y el 30 de abril de 2026, en múltiples jornadas fijadas a partir de las 9, en el Salón de Audiencias N°1 de los Tribunales de Paraná. El cronograma fue comunicado al Ministerio Público Fiscal, al fiscal de Estado y a las defensas particulares de los imputados.

Según la acusación fiscal, a Urribarri se le atribuye haber incrementado de manera desproporcionada su patrimonio entre 2008 y 2015, período en el que se desempeñó como gobernador y luego como diputado provincial. El monto del presunto enriquecimiento indebido ascendería a más de 11,5 millones de pesos, además de sumas significativas en dólares y euros, de acuerdo a peritajes contables incorporados al expediente.

A Cardona Herreros se le imputa haber colaborado de forma esencial en el ocultamiento de ese incremento patrimonial, actuando como persona interpuesta para disimular bienes, inversiones y gastos que no podrían ser justificados con los ingresos declarados por el ex mandatario. La acusación también alcanza a Rubén Ángel Martínez, señalado como otro presunto intermediario.

El avance de esta causa representa un nuevo revés procesal para Urribarri y Cardona Herreros, ya que parte de la evidencia reunida habría servido como base para una imputación posterior por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, vinculada al supuesto cobro de retornos para favorecer a la firma Relevamientos Catastrales SA.

Fiscalía detalló una extensa lista de operaciones que integrarían el presunto enriquecimiento ilícito, entre ellas la contratación de paquetes turísticos internacionales, pasajes aéreos para familiares y allegados, mejoras edilicias en inmuebles, compra de vehículos de alta gama y consumos en hoteles y servicios de transporte, muchos de ellos facturados a nombre del empresario paraguayo.

Las defensas cuestionaron el accionar del Ministerio Público Fiscal y sostuvieron que se produjo un traslado indebido de pruebas entre causas, al tiempo que negaron la existencia de maniobras de ocultamiento patrimonial.

Con la fijación de las audiencias, la causa entra en una etapa clave que definirá si el expediente es elevado a juicio oral.