Federico “Fred” Machado, empresario argentino vinculado a narcotráfico, lavado de activos y estafa, fue trasladado desde Viedma a Buenos Aires para su próxima extradición a Estados Unidos, prevista para el 5 de noviembre. Machado permanecía bajo prisión domiciliaria desde 2021 tras su detención por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Neuquén, a pedido de Interpol.

La Corte Suprema argentina aprobó la extradición el 14 de octubre, y el Poder Ejecutivo firmó la resolución el mismo día. Machado será escoltado por agentes federales y U.S. Marshals para enfrentar un juicio en Texas, donde dos de sus socias ya fueron condenadas por narcotráfico y lavado de dinero a 16 y cinco años de prisión.

Durante su traslado, Machado denunció presunta persecución política y presiones psicológicas por parte de la justicia estadounidense. En una entrevista con Noticias Argentinas, advirtió sobre posibles consecuencias si se concretaba su extradición, señalando vínculos con figuras políticas como Santiago Caputo y José Luis Espert. Este último confirmó haber recibido aportes de Machado en 2019, sin conocimiento de presuntas actividades ilícitas.

El expediente estadounidense detalla cinco cargos principales contra Machado, que incluyen la integración a una organización de tráfico de cocaína, fraude y lavado de activos mediante la venta de aviones, así como estafas a empresarios por aproximadamente 350 millones de dólares. Además, se le imputa el uso de aeronaves para trasladar droga desde Estados Unidos hacia México, con escalas en Guatemala.

El proceso judicial continúa activo y se investiga a otros implicados en la red criminal liderada por Machado, incluyendo colaboradoras involucradas en la logística del tráfico y en la compra fraudulenta de aviones. La extradición permitirá que el empresario sea finalmente juzgado en Estados Unidos, mientras las investigaciones en Argentina siguen abiertas para determinar la participación de terceros en estas actividades ilícitas.

El traslado de Machado marca un paso clave en la cooperación judicial internacional y refuerza la actuación coordinada entre la Justicia argentina y estadounidense en casos de narcotráfico y lavado de dinero de alto perfil.