Bajo la coordinación de la doctora María Angélica Pivas, jueza de Instrucción N° 3 de Gualeguaychú, ayer se realizó la reconstrucción del hecho y un posterior rastrillaje en la zona del primer puente del complejo Zárate Brazo Largo.

Para la reconstrucción, la Justicia de Benavídez (Provincia de Buenos Aires), trasladó hasta la cabecera norte del puente Justo José de Urquiza, en la zona rural de Ceibas, a los dos principales sospechosos de haber terminado con la vida de Solange: Alejandro Reynoso y su hijo Sebastián de 19 años de edad.

Con aportes minuciosos, el imputado permitió el hallazgo de un cráneo, que todo hace suponer pertenecía a la víctima, dado que además se lo ubicó en la misma zona donde apareció el cuerpo decapitado y con las falanges cortadas.

De esta diligencia –que comenzó minutos después de las 10- participó el fiscal de Benavídez, Sebastián Fittipaldi y su secretaria Ana Ruiz, quienes solicitaron el auxilio de los buzos tácticos de la Policía de San Nicolás, además de la colaboración de la División Criminalística que depende de la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú.

Fuente ligada a la investigación indicaron a EL ARGENTINO, que Reynoso aportó datos precisos en la reconstrucción del hecho y alrededor de las 14:30 los buzos tácticos pudieron dar con el cráneo de la víctima, justo en el lugar que fue señalado por el imputado.

A mediados de septiembre, Alejandro Reynoso, el comerciante acusado por el crimen de Solange Aguirre, confesó ante la Justicia haberla asesinado tras una discusión en una de sus pollerías de Benavídez. En su declaración dio detalles de cómo decapitó a la mujer, a quien enterró en Entre Ríos. En tanto, su hijo, Sergio Reynoso -también detenido por el caso-se despegó del homicidio y sólo admitió haber acompañado a su padre al lugar donde fue enterrado el cuerpo.

De acuerdo al relato de Reynoso, recubrió el cadáver de Aguirre con dos bolsas, lo cargó en su camioneta y fue a su casa de la calle Peñaloza 1992, de Boulogne, Partido de San Isidro, donde le contó lo ocurrido a su hijo, aunque aclaró que éste no tuvo nada que ver con el asesinato.

Desde allí, fue hasta inmediaciones de la cabecera norte del puente Justo José de Urquiza, lugar que conocían porque solían ir a pescar, y enterró el cadáver, al que previamente le seccionó la cabeza, le cortó las falanges y le tajeó los tatuajes, para dificultar su identificación.

El juez de Garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari, tendría la causa casi resuelta, teniendo en cuenta la confesión y los aportes en la reconstrucción del hecho que realizó el acusado y la confirmación (se esperan de todos modos los análisis de ADN) de la identidad de la víctima.