El proyecto, impulsado por Juntos por Entre Ríos y acompañado por todos los bloques, apunta a “garantizar transparencia y autonomía” en el proceso de designación de funcionarios judiciales, según destacó la diputada Gabriela Lena. La norma fue aprobada tras la aceptación de los cambios introducidos por el Senado, que incluyen la incorporación de un docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) como miembro del cuerpo y la eliminación de los concursos anticipados.

La reforma busca corregir los inconvenientes generados por la modificación de 2022, durante la gestión de Gustavo Bordet, cuando el STJ pasó a tener un rol de apelación en los concursos, lo que fue cuestionado por “intromisión” y derivó en acciones judiciales como la del fiscal concordiense José Arias. Con la nueva ley, ese tribunal deja de ser instancia revisora, reforzando la independencia del Consejo.

Lena celebró la sanción y subrayó: “No podemos tener jueces o fiscales nombrados a dedo. Esta ley devuelve seriedad y transparencia a un órgano esencial de la Justicia entrerriana”.

La Cámara también incorporó la paridad de género en la subrogación de los consejeros suplentes y estableció la alternancia del representante docente con profesores de abogacía de universidades públicas nacionales de la región.

El Consejo de la Magistratura, que permanecía virtualmente paralizado, deberá ahora retomar los concursos para cubrir cargos vacantes, en un contexto de fuertes tensiones con el STJ, que este año acumuló otros reveses judiciales, entre ellos los fallos de la Corte Suprema que anularon decisiones polémicas como el “fallo Cozzi” y la destitución de la exprocuradora adjunta Cecilia Goyeneche.