El gobierno de Entre Ríos lanzó una convocatoria abierta para reformar el Código Procesal Penal (Ley Nº 9.754), con el objetivo de modernizar el sistema judicial penal y superar las falencias del modelo acusatorio vigente.

La iniciativa busca garantizar mayor equidad, transparencia, estándares interamericanos en derechos humanos y una tutela judicial efectiva. Para ello, se convocó a representantes del Superior Tribunal de Justicia, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, Asociación de la Magistratura, Colegio de la Abogacía y cuatro universidades. Cada institución ya designó a sus representantes para canalizar propuestas que serán sistematizadas y elevadas al gobernador.

Finalidad de la reforma

El secretario de Justicia, Julián Maneiro, explicó que la reforma apunta a mejorar el servicio de justicia, equilibrar intereses y proteger garantías constitucionales. “El proceso penal son las leyes que organizan ese momento tan difícil en que cualquiera puede estar involucrado. Merece ser investigado, pero también protegido”, señaló.

A diferencia de las comisiones tradicionales que analizan artículo por artículo, la Secretaría propone una metodología práctica: trabajar sobre 20 puntos clave, sin excluir otros aportes. Entre los temas propuestos se destacan la regulación de la prueba digital, la incorporación de figuras como el arrepentido y el informante, la acción penal contra personas jurídicas, el Estado como querellante y la mejora de plazos procesales.

Uno de los ejes más novedosos es habilitar al Estado provincial o municipal como querellante en causas con interés patrimonial directo. “Muchas veces, causas vinculadas a fondos públicos quedan en manos del fiscal y terminan en salidas alternativas. El Estado debe tener la posibilidad de seguir investigando”, sostuvo Maneiro.

Desde agosto, Virué comenzó los contactos institucionales para recabar propuestas. El proceso continuará en septiembre y octubre, con la expectativa de presentar el proyecto antes de fin de noviembre. “Vamos a trabajar de forma itinerante, entrevistando, recibiendo propuestas escritas y convocando nuevas rondas si hace falta”, agregó el funcionario.

En cuanto a la figura del arrepentido e informante, Maneiro aclaró que ya existen en otros códigos como el federal, y que su incorporación será debatida en función del contexto local. “Tienen virtudes y críticas. Habrá que analizar su viabilidad”, dijo.

Representantes designados

Los representantes designados son: Mónica Carmona (Ministerio Público Fiscal), Gaspar Reca Ríos (Defensa), Alejandro Cánepa (Magistratura), Juan Barnada (Colegio de la Abogacía), Pedro Fontanetto (UADER), Hugo Perotti (UCA), Pedro Sánchez Izquierdo (UNL) y Rubén Chaia (UCU).

La reforma busca construir consensos mayoritarios, entendiendo que el consenso total es difícil. “Queremos un texto que tenga respaldo político y judicial. Si el gobernador lo aprueba, será presentado ante la Legislatura”, concluyó Maneiro. (Con información de Uno Entre Ríos)