Como sucede con las rutas, el abandono de la obra pública en infraestructura educativa tiene consecuencias muy peligrosas. La construcción de nuevos edificios, la ampliación y su mantenimiento han sido interrumpidos drásticamente en diciembre del 2023. Lo mismo que las políticas pedagógicas y los programas de acompañamiento.

De mantenerse esta situación, sin inversión provincial, se producirá un importante deterioro difícil de remontar en los años venideros, significando además condiciones desfavorables para el proceso de aprendizaje y enseñanza. Al respecto, EL ARGENTINO dialogó con docentes en actividad y con Graciela Bar, ex presidenta del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, al tiempo que accedió a los datos estadísticos que evidencian una infraestructura escolar que, lejos de garantizar condiciones dignas de acceso a la educación pública, pone en peligro la integridad de la comunidad educativa y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Paralización de obras e impacto en salud y rendimiento escolar

Desde diciembre de 2023, la obra pública educativa se encuentra virtualmente paralizada en Entre Ríos. La construcción de nuevos edificios escolares, la ampliación de los existentes y el mantenimiento preventivo han sido discontinuados. Esto genera un deterioro acelerado y pone en riesgo la seguridad de estudiantes y docentes.

Un relevamiento realizado por Agmer Gualeguaychú en 30 escuelas reveló que el 73,5% no cuenta con calefacción, y que el 90% carece de conexión a gas natural. Solo un 8,8% tiene instalaciones eléctricas en buen estado.

“Las estufas no alcanzan, y la escuela no permite poner calefactores por las condiciones edilicias. Los chicos se la pasan intentando calentarse como pueden, no saben qué hacer. Es muy frustrante, y es muy difícil enseñar y aprender así. El frío afecta en todos los sentidos. No solo en lo físico, sino también en lo emocional. Se nota que los chicos no disfrutan estar en la escuela en estas condiciones. Están apagados", expresó C.S., una de las docentes consultadas por EL ARGENTINO, quien pidió mantener el anonimato por miedo a represalias.

“Los chicos se enferman, faltan, y eso repercute directamente en el rendimiento", puntualizó la trabajadora de la educación. "El horario de ingreso, a las 7:30 de la mañana, hace que los alumnos lleguen congelados. Pasan frío en el aula y es ose nota por cómo les cuesta arrancar el día. Se preocupan más por mantener el cuerpo caliente que por lo que pasa en clase", relató. Y sumó: “Muchos chicos faltan porque se sienten mal o directamente sus familias prefieren no exponerlos. Y los que vienen, no pueden concentrarse. La motivación cae muchísimo".

Los ejemplos de escuelas en estado crítico se repiten por decenas a lo largo y a lo ancho de la provincia. La Escuela N°9 “Leopoldo Herrera” de Gualeguaychú, con paredes electrificadas cuando llueve; la Escuela N°2 “Profesor Pablo Haedo”, sin clases por un principio de incendio, producto del precario sistema eléctrico; la Escuela Nº18 “Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas”, de Paraná, sin calefacción y, también, con un sistema eléctrico muy precario; o la Escuela N°55 “Urquiza”, de Concordia, con aulas clausuradas y sin espacios para dar clases. Y la lista sigue.

“El abandono de las escuelas es absoluto. En el departamento Paraná no hay una reparación de estructura que tenga la seriedad que necesita el caso. Por ejemplo, hoy a la mañana (jueves 24 de julio) amanecimos con la Escuela N°207 “Evita”, de San Benito, donde es más lo que llueve adentro que lo que llueve afuera. Todos los techos están saturados, lo que implicó una explosión en los tableros eléctricos que impidió el ingreso de agua porque la bomba dejó de funcionar”, expresó a EL ARGENTINO, uno de los docentes de la institución.

“Son innumerables las escuelas que están en las mismas condiciones, porque se cortó el financiamiento, no se hicieron escuelas nuevas y hasta se cortó el fondo para arreglos menores, que es mínimo. Las cuestiones más elementales son postergadas, se rompe un vidrio y no se repara, se rompe una puerta y no se repara, se rompe una bomba de agua y tenemos que ver cómo la reparamos para que haya clases”, agregó.

El contraste es grande cuando se considera lo hecho por la Provincia durante la gestión anterior, cuando se finalizaron 45 nuevos edificios escolares en pequeñas y grandes localidades y se realizaron ampliaciones en escuelas de Educación Primaria y Secundaria, Técnicas y Agrotécnicas.

Diseño curricular y políticas digitales

EL ARGENTINO dialogó con Graciela Bar, dos veces presidenta del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, quien se refirió al nuevo diseño curricular y a las deficientes políticas digitales.

“Es necesario la actualización de los proyectos educativos para estar acorde a las demandas de la sociedad y del mundo del trabajo. Pero, causa profunda preocupación la experiencia de una nueva escuela secundaria, con un diseño curricular organizado por áreas cuando prestigiosos pedagogos afirman que la formación académica debe ser disciplinar ya que, cuando uno domina su disciplina, está en óptimas condiciones para interdisciplinar con otras. Cabe preguntarnos entonces, ¿cómo se designarán las áreas cuando las Credenciales -herramienta para el acceso a la docencia- son confeccionadas por disciplina? ¿Tendrá reconocimiento del Consejo Federal de Educación y validez nacional estos estudios?”, se preguntó.

“Si bien es novedosa la incorporación de horas cátedra para espacios denominados ‘Proyecto de vida’ y ‘Clubes’ (Resolución 500/25 CGE), sería importante que no fueran en detrimento de la adquisición de conocimiento científico para cumplir con uno de los objetivos del nivel: “Habilitar para la continuación de estudios”, agregó.

En este sentido, la docente Natalia Zucol, titular de Agmer Gualeguaychú, se refirió al marco pedagógico actual, el conjunto de principios, teorías y enfoques que orientan el proceso de enseñanza y aprendizajes. “Estos marcos están expresados tanto en la Ley N°26.206, como en toda normativa que de ella se desprende. Pero, el problema surge cuando los gobiernos no comulgan con los principios, teorías y enfoques expresados en las normativas, como sucede con las actuales gestiones, nacional y provincial”, puntualizó. Al tiempo que marcó al desfinanciamiento educativo como “factor preponderante en la afectación de las condiciones materiales y las posibilidades reales de implementar prácticas pedagógicas que garanticen el ejercicio pleno del derecho a recibir una educación de calidad o, lo más grave, no recibir educación, como por ejemplo el cierre de escuelas”.

“El nuevo informe publicado por el Instituto de investigaciones Pedagógicas ‘Marina Vilte’ de la CTERA, sobre la alfabetización inicial y el trabajo docente, da cuenta de cómo el Plan Nacional de Alfabetización Inicial, que impulsa la Secretaría de Educación y un conjunto de ONG y Fundaciones que responden a los intereses del sector empresarial privado, propone un enfoque para la alfabetización que significa un retroceso en las formas de enseñar”, aseguró. Y explicitó: “El método fonético o fonológico propuesto implica procesos mecanicistas para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, y fue abandonado a mitad del siglo pasado, sin embargo, nuestros docentes están siendo capacitados para aplicarlo”.

“Es una mirada aplicacionista del trabajador de la educación, negando la capacidad reflexiva y de producción de conocimiento colectivo”, concluyó Zucol.

Falta de inversión en políticas digitales

Capítulo aparte, constituye la falta de inversión en políticas digitales, no sólo en la distribución de notebooks para alumnos y escuelas -política que no tiene más lugar en el territorio nacional-, sino también en la ausencia de asistencia técnica en el uso de las tecnologías de información y comunicación, y la escasa elaboración de materiales didácticos digitales provinciales vinculados con los diseños curriculares para el portal “@prender.entrerios.edu.ar” y la plataforma virtual Atamá.

Los docentes necesitan más asistencia técnica para optimizar los recursos digitales disponibles, para así, complementariamente, disminuir la desigualdad social vivenciada actualmente.

La realidad provincial respecto a la educación pública es crítica en varios aspectos, pero la resistencia del sector ha frenado recortes, como el anunciado en el transporte rural para julio, en el que el gobierno debió dar marcha atrás luego del reclamo de familiares y de la comunidad educativa en general.

A pesar de que el contexto nacional explica buena parte del desfinanciamiento, Entre Ríos se ubica entre las provincias que no han impulsado medidas paliativas ni estrategias propias para evitar el colapso del sistema. La falta de obras, la paralización de programas esenciales y la ausencia de políticas de contención colocan a la educación entrerriana en un estado de emergencia.

Las leyes que ya no se cumplen

La supresión de leyes nacionales clave ha tenido efectos directos en Entre Ríos. La Ley de Financiamiento Educativo (26.075), la del Fondo de Incentivo Docente (25.919) y la de Educación Técnico Profesional (26.058) han sido desactivadas en la práctica.

Esto dejó sin recursos a programas vitales como los planes de mejora institucional, la entrega de libros y las instancias de formación permanente. La provincia no reemplazó estos vacíos con herramientas propias, ni siquiera de emergencia.

El cierre de los Centros de Formación Profesional Para Jóvenes Y Adultos en el interior provincial agrava la exclusión social y educativa de vastos sectores, y compromete seriamente cualquier perspectiva de equidad.