El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, presidido por Diego Lara, trabaja en la redacción de una nueva Acordada que busca modernizar y dar mayor solidez jurídica al proceso de imposición de multas. La iniciativa apunta a garantizar el derecho a defensa de las personas y organismos pasibles de sanciones, al tiempo que establece un régimen recursivo más claro y ordenado.

Durante una reunión de autoridades y funcionarios del organismo se debatieron los principales lineamientos que tendrá la reglamentación. El objetivo es fijar criterios comunes para un control externo más eficaz, que combine transparencia con respeto a las garantías de los involucrados.

Desde el Tribunal se destacó que la elaboración colectiva de la norma permitirá unificar procedimientos y dotar de mayor previsibilidad a las decisiones administrativas. “Trabajar en conjunto nos permite acordar acciones y procedimientos sobre las distintas materias que hacen a un control público externo más eficaz y comprometido”, señalaron tras el encuentro.

La nueva Acordada forma parte del proceso de actualización institucional que impulsa el organismo, en un contexto de creciente demanda social por el buen uso de los recursos públicos y por sanciones claras ante eventuales incumplimientos. Se espera que el texto definitivo sea aprobado en las próximas semanas y pase a regir como marco de actuación para futuras resoluciones sancionatorias.