El Gobierno formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 10 y el 30 de diciembre, con un listado de seis proyectos que integrarán la agenda legislativa. La decisión quedó oficializada a través del Decreto 865/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El temario incluye el tratamiento del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026, considerado por el Ejecutivo como la señal inicial de orden fiscal hacia los mercados. La intención oficial es lograr la media sanción el miércoles 17, con eventuales ajustes que no afecten la meta de equilibrio, condición que el Gobierno ya dejó planteada frente a posibles negociaciones.

El dictamen de mayoría que se aprobó a principios de noviembre en la Cámara baja perdió estado parlamentario con el cierre del período ordinario, por lo que se deberá emitir un nuevo despacho para que el proyecto llegue al recinto. Los libertarios están confiados en que tendrán los avales para repetir ese dictamen, que en el primer intento consiguió 21 firmas de los 49 diputados que integran la comisión de Presupuesto.

La convocatoria también incorpora la Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a revisar parámetros tributarios y el régimen simplificado del impuesto a las ganancias. El proyecto prevé elevar el monto a partir del cual se configura fraude fiscal y reducir los plazos de prescripción.

En el paquete figura, además, la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, junto con el proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo enviará durante el período extraordinario. Esta iniciativa forma parte del conjunto de reformas debatidas en el Consejo de Mayo, cuyos integrantes fueron citados para este martes a las 13.30, tras recibir el borrador del informe final con conclusiones de los encuentros del año.

Sobre la reforma laboral no trascendieron demasiados detalles, pero se sabe que el Gobierno pretende dinamizar el mercado de trabajo, bajar los costos laborales y reducir las cargas patronales para fomentar el empleo formal. (Ámbito)