El Gobierno nacional introdujo una modificación en el régimen aduanero que permitirá a los operadores de comercio exterior utilizar declaraciones juradas para respaldar sus obligaciones en determinadas operaciones de importación. La actualización, formalizada mediante el Decreto 838/2025, habilita una opción adicional al sistema de garantías tradicionales, con el objetivo de simplificar trámites y reducir costos para empresas consideradas confiables.

La norma establece que los importadores podrán presentar un documento firmado “cuando los regímenes de importación establezcan la obligación de garantizar los tributos que pudieran exigirse por dichas operaciones”. Según el decreto, esta herramienta busca “homogeneizar el tratamiento normativo, reducir costos operativos para las empresas y simplificar trámites”, en línea con el plan de modernización impulsado por el Ejecutivo.

La administración aclaró que la alternativa no afectará el control aduanero ni el resguardo del interés fiscal. El planteo oficial sostiene que se trata de un mecanismo menos gravoso que las garantías financieras, que suelen implicar costos adicionales y trámites prolongados para los operadores.

En redes sociales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y afirmó que “abre un camino para una importante simplificación de los trámites aduaneros”. Explicó que, ante discrepancias o dudas en la liquidación de tributos, la Aduana suele exigir garantías por el monto en disputa, lo que encarece la operatoria y expone a los importadores a demoras y gastos financieros. Según el funcionario, la posibilidad de reemplazar ese requisito por una declaración jurada “reduce costos y limita las oportunidades de corrupción”.

Sturzenegger señaló que la Aduana deberá definir ahora en qué casos y para qué operadores estará habilitada esta modalidad. Aseguró que el cambio “abre la puerta a una gran simplificación de la operatoria y a una reducción de precios para todos los argentinos”.

La medida se inscribe en un conjunto de reformas orientadas a desburocratizar procesos, digitalizar trámites y hacer más previsible el esquema para el comercio exterior. El sector empresario sigue de cerca los alcances de la implementación, que definirá qué importadores podrán acceder a la nueva opción y bajo qué condiciones.