El Gobierno resolvió este viernes extender la emergencia sanitaria nacional establecida por el DNU 70/23 hasta el 31 de diciembre de 2026, con algunos nuevos artículos que apuntaron a reforzar la colaboración del Ministerio de Salud con el de Seguridad e incluso trabajar en conjunto para combatir el narcotráfico. Además, el Ejecutivo dispuso la creación de la nueva secretaría dentro de la cartera que conduce Mario Lugones para reemplazar la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Emergencia sanitaria hasta fines de 2026

La medida fue instrumentada a través del decreto 942/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, su jefe de Gabinete, Manuel Adorni y los ministros Diego Santilli (Interior), Pablo Quirno (Cancillería), Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Luis Caputo (Economía).

Entre uno de sus principales puntos, el texto explicó la necesidad de extender la emergencia pública en materia sanitaria hasta fines de 2026 que venció el pasado 31 de diciembre y argumentó que de no prorrogarse el escenario de emergencia sin la adopción de medidas de transición y compensación adecuadas, esto "implicaría un riesgo inmediato para la continuidad de los servicios de salud, afectaría el acceso de la población a la atención sanitaria y podría generar consecuencias irreversibles en la red asistencial".

En ese marco, además de extender las facultades que habilitan al Ejecutivo a tomar ciertas decisiones sin cumplir con todos los procedimientos administrativos habituales o sin contar con el aval del Congreso de la Nación, el decreto agregó una serie de puntos que no figuraban en la normativa original.

Los principales cambios

Entre ellos, un artículo apuntó a implementar una colaboración con el Ministerio de Seguridad Nacional, para crear un sistema de análisis de evidencia sanitaria, toxicológica y epidemiológica relacionada con productos sujetos a fiscalización.

En paralelo, se decidió fortalecer las acciones de prevención y control del uso de sustancias químicas, por lo que el organismo a cargo de Mario Lugones también participará en estrategias intersectoriales para combatir el narcotráfico mediante el intercambio de información, coordinación operativa y fortalecimiento de mecanismos de control.

Secretaría de Discapacidad

Además, el decreto modificó la Ley de Ministerios y le asignó a la cartera que lidera Mario Lugones la responsabilidad exclusiva sobre el "diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral", así como la conducción de los procesos de otorgamiento y control de pensiones por invalidez y otras prestaciones asociadas.

En ese marco, el Gobierno oficializó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en reemplazo de la ahora disuelta Agencia Nacional de Discapacidad.

Tal como había adelantado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, todos los compromisos, recursos y funciones que estaban bajo la órbita del exorganismo quedarán bajo la administración del ministerio y no se recortarán prestaciones.

"Los compromisos y obligaciones asumidos por la Agencia Nacional de Discapacidad estarán a cargo del Ministerio de Salud, considerándose transferidos los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal con sus respectivos cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se apruebe la estructura organizativa correspondiente, garantizándose la continuidad en la prestación de los servicios brindados", reitera el decreto.

La respuesta frente al escándalo

La decisión fue tomada tras el escándalo que estalló dentro de la Andis a partir de una serie de supuestos audios filtrados de su extitular Diego Spagnuolo, donde este daba cuenta de un mecanismo de corrupción dentro del organismo que involucraba a laboratorios y funcionarios del Estado.

En ese contexto, el Gobierno había desplazado a Spagnuolo y ordenado una intervención, la cual elaboró un informe donde se advirtieron "irregularidades de gravedad en las contrataciones y en la gestión de gastos vinculados a insumos médicos, equipamientos y dispositivos de alta complejidad, particularmente en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud".

Y agrega: "Las irregularidades y debilidades detectadas, de carácter administrativo, financiero, tecnológico y de control, comprometen la regularidad, eficiencia y legalidad del funcionamiento de la Andis y colocan en riesgo el acceso efectivo de las personas con discapacidad a las prestaciones médicas, medicamentos de alto costo, dispositivos de apoyo y servicios esenciales".

Así, la entidad continuará bajo el mando del actual interventor, Alejandro Vilches, quien tendrá rango de secretario dentro del Ministerio de Salud, por lo que perderá la autonomía a la que el Gobierno atribuye el clima de descontrol y corrupción que afloraba en la Agencia.