El Poder Ejecutivo nacional enviará al Congreso el proyecto de Ley de Libertad Educativa para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. La iniciativa redefine el sistema educativo argentino sobre los principios de libertad, pluralismo y justicia, y forma parte de las propuestas impulsadas por el Consejo de Mayo.

El proyecto plantea la derogación de la actual Ley de Educación Nacional y la creación de un nuevo marco normativo que otorga mayor autonomía a las instituciones educativas. Entre sus ejes centrales, consagra la libertad educativa como un derecho fundamental y reconoce el rol preferente de las familias en la formación de niños y adolescentes, mientras asigna al Estado la función de garantizar el acceso y la permanencia en el sistema, sin sustituir la responsabilidad individual ni la iniciativa social.

La propuesta define un Sistema Nacional de Educación basado en la diversidad de proyectos pedagógicos y en la igualdad jurídica entre escuelas estatales y privadas. En ese sentido, ratifica la gratuidad de la educación pública y establece un esquema de financiamiento equitativo para todas las instituciones, con criterios centrados en el estudiante.

Otro de los puntos destacados es la incorporación de formas alternativas de enseñanza, como la educación en el hogar y la educación virtual. Estas modalidades deberán contar con mecanismos de acreditación sustentados en evaluaciones estandarizadas, con el objetivo de validar los aprendizajes alcanzados.

El proyecto también fija contenidos mínimos comunes para todo el país, respetando las identidades culturales y lingüísticas, en particular de los pueblos originarios. Además, crea el Examen Nacional de Educación Secundaria como una herramienta voluntaria para evaluar los aprendizajes al finalizar la escolaridad obligatoria.

En el plano docente, la iniciativa introduce una nueva carrera profesional basada en el mérito, la formación continua y la evaluación periódica. A su vez, se prevé la creación del Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, que tendrá a su cargo la capacitación y el desarrollo profesional del sector.

En materia de financiamiento, la ley establece principios que incluyen aportes regulares a instituciones privadas y la implementación de instrumentos como vales o becas, orientados a garantizar la libre elección de la escuela por parte de las familias.

El envío del proyecto al Congreso abre un debate de alto impacto político y social, en un contexto de fuertes tensiones en el sistema educativo y de cuestionamientos por parte de sindicatos y organizaciones vinculadas a la educación pública.