En el marco de una serie de reclamos del sector profesional y de familiares, que vienen solicitando una actualización de haberes y la normalización del sistema de atención a las personas con discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó que se implementará un incremento de entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador para prestadores del área.

La mejora se aplicará en tres tramos sucesivos, entre los meses de octubre y diciembre de 2025.

El aumento del nomenclador se materializa a través de una decisión administrativa del jefe de Gabinete de la Nación. Sin embargo, el Gobierno aún no ha aclarado cuándo pondrá en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad, que tras haber sido vetada, recibió el rechazo de ambas cámaras del Congreso de la Nación y quedó finalmente promulgada.

Desde el sector que impulsa la aplicación efectiva de la ley advierten que la nueva medida representa “un pequeño alivio” ante la crítica situación que atraviesan los prestadores.

“Tenemos en claro que es insuficiente”

Así lo definió el diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, quien sigue de cerca la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. En un video publicado en sus redes sociales, el legislador sostuvo que el incremento anunciado “es un pequeño alivio”, pero reiteró la necesidad de poner en marcha la norma.

“Casi un año después, la Agencia Nacional de Discapacidad actualizó los valores del nomenclador de las prestaciones a las que acceden las personas con discapacidad y sus familias. El aumento, que va del 29% al 35%, se aplicará de manera escalonada en octubre, noviembre y diciembre. La mayor parte de los prestadores (transportistas, terapistas, acompañantes, hogares y centros educativos) recibirán el impacto real entre marzo y abril del próximo año”, explicó Arroyo.

“Es una pequeña mejora, un alivio en un contexto de desesperación, de colapso y de maltrato generalizado. Sé que al menos es un poco de luz hacia adelante. Pero todos tenemos claro que es insuficiente, que esto no resuelve el problema. El Gobierno sigue sin poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad. Se trata de transformar en serio, y eso implica cumplir con esa ley, una obligación que el Gobierno deberá asumir”, concluyó el legislador.