El Poder Ejecutivo nacional remitió al Senado, en el marco de las sesiones extraordinarias, el proyecto de ley que propone modificar la Ley de Glaciares 26.639. La iniciativa fue enviada con el Mensaje Nº 36/2025 y lleva la firma del presidente Javier Milei y de su gabinete.

Según el texto oficial, la reforma busca “clarificar” el alcance de la normativa vigente, sancionada hace quince años, y resolver controversias interpretativas que, de acuerdo al Gobierno, generaron incertidumbre sobre las competencias provinciales y el desarrollo de actividades productivas en zonas alcanzadas por la ley. En ese sentido, el mensaje hace referencia a planteos realizados por gobernadores de las mesas del Litio y del Cobre, quienes reclamaron una adecuación del marco normativo.

El proyecto redefine el objeto de protección de la ley, que pasará a comprender a los glaciares y geoformas del ambiente periglacial que cumplan funciones hídricas, ya sea como reservas estratégicas o como fuentes de recarga de cuencas. Asimismo, incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la norma al principio constitucional de uso racional de los recursos naturales.

Entre los cambios centrales se incluye la incorporación de un nuevo artículo que establece que todo glaciar o geoforma incluida en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegida de manera precautoria hasta que la autoridad ambiental competente determine que no cumple funciones hídricas. Esa verificación quedará en manos de las provincias, que deberán informar sus conclusiones al IANIGLA para la actualización del inventario.

La iniciativa también modifica el régimen de prohibiciones, que se aplicará únicamente a los glaciares y geoformas que las autoridades locales identifiquen como portadores de funciones hídricas. Se mantienen las restricciones a actividades como la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y la ejecución de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica, con la evaluación a cargo de las provincias.

Además, el proyecto exige evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambientes periglaciales, y prevé evaluaciones estratégicas cuando la magnitud del emprendimiento lo justifique. Solo se exceptúan las actividades científicas no invasivas, de rescate y las deportivas no motorizadas.

El Ejecutivo remarcó que el Ianigla continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, aunque con un esquema de información permanente provista por las provincias. En ese marco, señaló que aún resta determinar la función hídrica efectiva de gran parte de las geoformas relevadas.

La propuesta ya ingresó formalmente al Senado y será tratada durante el período de sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno nacional.