Redacción EL ARGENTINO
La millonaria indemnización a un exvendedor de Manaos volvió a poner en debate los alcances de la justicia laboral en Argentina. El caso, originado en Mendoza, se inició por la demanda de un trabajador que se desempeñó como distribuidor entre 2013 y 2022 en varias provincias y denunció despido sin causa, irregularidades en la registración laboral y descuentos ilegales.
En primera instancia, la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael había fijado una condena de $1.463 millones. Tras la apelación de la empresa, la Suprema Corte provincial revisó el cálculo y redujo el monto a $807 millones, aunque los intereses continúan acumulándose hasta el pago efectivo. La decisión ratificó la existencia de despido sin causa y relación laboral encubierta, pero ajustó la tasa de interés aplicada.
Un fallo que reaviva el debate laboral
La resolución generó la reacción inmediata de Orlando Canido, fundador de Refres Now SA. El empresario calificó la sentencia como “insólita” y cuestionó los criterios utilizados para llegar a esas cifras. “Había trabajado unos seis o siete años para mí, no sé cuánto podía ganar como vendedor, no sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras”, expresó públicamente.
Canido aseguró que respeta los derechos de los trabajadores, aunque consideró que la normativa laboral debería revisar el esquema de indemnizaciones. “A lo mejor tenía tres provincias y le dejaron una y por eso hizo juicio”, deslizó sobre el exvendedor.
La condena contra Manaos fue citada como ejemplo de las distorsiones que, según empresarios, se generan en el fuero laboral. El monto original equivalía a cerca de un millón de dólares, cifra que tras la revisión quedó en poco más de medio millón. El tribunal ordenó a la empresa pagar la suma en un plazo de cinco días, aplicando la tasa de préstamos de libre destino del Banco Nación.
En paralelo, Canido recordó en entrevistas previas que el sector de las gaseosas se ha reducido drásticamente en las últimas décadas: “Cuando inicié había 43 fábricas, hoy quedan seis”. Para él, casos como el de Mendoza reflejan los riesgos que enfrentan las empresas en el actual esquema laboral. Mientras tanto, la compañía evalúa los pasos a seguir con su equipo jurídico.